Aprueban allanamiento para condonar multas a enfermos de COVID-19

La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la congresista Martha Moyano Delgado (FP), inició hoy el debate del predictamen del Proyecto de Ley N.° 5632/2023-PE referido al pedido del Poder Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – Niño global, infraestructura social y calidad de proyectos.

El análisis de esta propuesta continuará este este viernes 15 de septiembre a las 15:00 horas, en una sesión extraordinaria de ese grupo de trabajo, anunció Moyano Delgado.

Asimismo, dio a conocer la propuesta, desde la presidencia de la comisión, de reducir el plazo a 90 días, mas no los 120 días solicitados, para la delegatura de funciones legislativas a ese poder del Estado, en respuesta a un requerimiento hecho con urgencia.

Con respecto a la seguridad ciudadana, dijo que la comisión considera pertinente y viable delegar la facultad de legislar al Poder Ejecutivo, pero con algunos “candados normativos que eviten una sobre limitación de facultades de legislar, como en el caso de modificar el marco legal de los operadores de justicia”.

En ese sentido, se refirió a la modificación del rol de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la investigación del delito y permitirles un rol más activo en la investigación preliminar; fortalecer las acciones de atención frente a casos de violencia contra la mujer y mejorar el proceso de atención en casos de desaparición de personas.

Asimismo, entre otros, autorizar el uso de recursos de canon y sobre canon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sin que ello implique afectar la autonomía de los gobiernos regionales ni locales.

Así también se refirió a los casos de tráfico de drogas, a la minería ilegal, y la modificación del Código Procesal Penal.

En el debate, la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) se refirió a que la minería ilegal requiere de ajustes y cambios normativos, mejorar y fortalecer, porque se encuentra vinculado al de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

El congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) se pronunció por no entregar un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo y revisar las propuestas presentadas.

En lo que respecta a la minería ilegal, dijo que el Estado ha invertido mucho dinero, pero que no se ha logrado nada, porque el enfoque no ha sido el efectivo impulsado por sectores ambientalistas.

ALLANAMIENTO

En otro momento, forma unánime, la comisión aprobó el dictamen que recomienda el allanamiento de la autógrafa de ley que propone la ley que condona y reduce las multas derivadas de las elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y dicta disposiciones sobre la eliminación de la constancia de sufragio.

Se trata de iniciativas de los congresistas Karol Paredes Fonseca (1760/2021-CR); Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular (3971/2022-CR); y de Américo Gonza Castillo, de Perú Libre (4301/2022-CR).

La reformulación para el allanamiento estaba referida a la disposición transitoria de la propuesta, en el sentido de que la persona beneficiaria de la norma sea la encargada de mostrar la justificación respectiva y acreditar que tenía ese diagnóstico en esa fecha, en un plazo de diez días calendario previos al proceso electoral.

PACTO DE SAN JOSÉ

Durante la sesión, el congresista Jorge Montoya Manrique (RP) expuso su propuesta que plantea la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, con la finalidad de salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano.

Entre otros aspectos, destacó que constituye “un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces institucionales en base al cumplimiento constitucional”.

Dijo que el Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero y que el tratado en referencia ha devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia.

Además, consideró que “el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico”.

Los congresistas Segundo Montalvo Cubas (PL), Yessica Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País); y Wilson Soto Palacios (AP), quienes tienen proyectos similares, no se presentaron a sustentarlos.

De otro lado, el congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JPP), autor del Proyecto de Ley 4900/2022-CR, sustentó su iniciativa que propone la ley que declara la imprescriptibilidad del delito de omisión de asistencia familiar.

El parlamentario explicó que lo que busca con su iniciativa es que el delito sea perseguido de manera permanente y permitir a los menores tener el derecho de gozar de sus necesidades fundamentales sean reconocidos constitucionalmente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL