La Comisión de Constitución y Reglamento decretó esta mañana, por mayoría, el “archivamiento de plano” del Proyecto de Ley 1704/2021-PE, que proponía derogar la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.

La iniciativa fue rechazada por 16 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.

La decisión del grupo legislativo, que preside Hernando Guerra García Campos (FP), se sustentó en el literal c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso, que lo faculta a rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución Política, por ser contrario a los valores y principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna.

Guerra García expresó que se debe “advertir la tangible inconstitucionalidad del contenido de la propuesta legislativa, pues esta no busca mejorar o desarrollar los mecanismos de control político; más bien, lo que busca es eliminar por completo cualquier mecanismo de control para regular la Cuestión de Confianza”.

Afirmó que el proyecto presentado por el Ejecutivo es claramente anticonstitucional, y lo hacemos en atención a que la Ley 31355 ya fue materia de control constitucional por el Tribunal constitucional en su sentencia del 3 de febrero, en donde validó y refrendó la constitucionalidad de esta norma que hoy el Ejecutivo pretende derogar.

En la sentencia aludida, de acuerdo con el Decreto de archivo, se lee que “la Ley 31355 no innova ni crea, sino que se limita a desarrollar el contenido implícito que la Constitución ha regulado sobre la cuestión de confianza”.

De este modo, “dicho mecanismo no puede ejercerse de manera arbitraria, pues en mérito al principio de separación de poderes, debe estar relacionada directamente con la concreción de la política general de gobierno, más no relacionada a reformas constitucionales ni a las que afecte los procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República (…)”.

Guerra García Campos sostuvo que “esta propuesta es de archivamiento, y defiende nuestra democracia de un Poder Ejecutivo que no puede estar haciendo propuestas y que puede limitar lo que se llama el estado de derecho”.

Antes de iniciar el debate, el presidente de la Comisión brindo una información del trabajo realizado desde la legislatura anterior, para tener una idea del trabajo pendiente e informó que a su grupo de trabajo se han derivado 377 proyectos de ley.

De ellos, 10 son del Poder Ejecutivo, cuatro ya son predictámenes, dos están en estudio, uno para ser visto en el Pleno y uno se ha archivado.

También precisó el tipo de solicitudes del Ejecutivo.

“Cuando ellos quieren que se vea rápidamente, deben invocarlo en su pedido con el carácter de URGENTE”, señaló. Sin embargo, advirtió, el proyecto de ley aludido no indicaba esto, simplemente pedía que se le dé trámite.

DEBATE

En el inicio del debate, el congresista Wilson Soto Palacios (AP) sostuvo que la ley 31355 a fin de evitar la llamada denegación fáctica, esta violentó las reglas esenciales del régimen democrático, como lo explica César Delgado Guembes, en el inciso 1 del artículo 102.

Jaime Quito Sarmiento (PL) dijo que este debate es producto de lo acontecido esta semana, para evitar que se plantee una Cuestión de Confianza, en torno a una ley, la 3155, que desnaturaliza dicho mecanismo y afecta el sistema de pesos y contrapesos, y que tiene una serie de vicios, por lo que se tiene el derecho de derogar.

Por su parte, Ruth Luque Ibarra (CD-JP) señaló que lo correcto es invitar al representante del Ejecutivo para escuchar las razones que generan esta iniciativa legislativa; que es parte del debate democrático que se invoca permanentemente. Señaló que no se puede decir que las sentencias del TC son inmutables, o inmodificables. “Claro que se pueden modificar”, expuso.

Inmediatamente planteó una cuestión previa para que el Poder Ejecutivo sustente su posición, la misma que fue rechazada con dieciséis votos en contra, nueve votos a favor y cero abstenciones.

Al respecto, el titular de la Comisión respondió que el Poder Ejecutivo sí había emitido una opinión, aunque tarde, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Luego, Jorge Morante Figari (FP) redujo la postura del Ejecutivo a una cortina de humo debido a las declaraciones misóginas del propio presidente del Consejo de Ministros, y tratar de quedar bien ante la misión de la Organización de estados Americanos, que va a llegar al país en los próximos días.

Por su lado, Alejandro Cavero Alva (AvP) señaló que el inciso d) del artículo 86 del reglamento precisa que el Congreso está en el correcto uso de sus facultades constitucionales. Lo que el Ejecutivo quiere, expuso, es inmiscuirse en las competencias de un poder del Estado, claramente para blindarse de la justicia.

Participaron en el debate los legisladores Flor Pablo Medina (ID), Waldemar Cerrón Rojas (PL), Héctor valer Pinto (PD), Víctor Cutipa Ccama (PB), Alex Flores Ramírez (PL), Patricia Juárez Gallegos (FP), Luis Aragón Carreño (AP), Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), Eduardo Salhuana Cavides (APP), Alejandro Muñante Barrios (RP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) y Alex Paredes Gonzales (BMCN).

OFICINA DE COMUNICACIONES