La Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría García (bancada FP), aprobó este martes, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 14337/2025-CR, que propone modificar el Código Penal para incorporar una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad.

El grupo de trabajo respaldó la iniciativa con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, luego de un amplio debate en el que los parlamentarios expusieron posiciones a favor y en contra de la propuesta legislativa.

INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL

La iniciativa plantea incorporar el capítulo VI, denominado “Delitos de lesa humanidad”, dentro del Título XIV-A del Código Penal, referido a los delitos contra la humanidad. Asimismo, propone añadir el artículo 324-A, con el objetivo de establecer una definición expresa de esta figura penal en el ordenamiento jurídico nacional.

De acuerdo con el texto aprobado, una persona cometerá delito de lesa humanidad cuando realice, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, conductas como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

Además, la propuesta fija una pena privativa de libertad no menor de 30 años hasta cadena perpetua, siempre que concurran elementos como el ataque generalizado o sistemático, la afectación contra población civil y el conocimiento del agente sobre la acción cometida.

El dictamen también establece que, cuando un hecho delictivo no reúna los requisitos para ser considerado delito de lesa humanidad, las autoridades deberán procesarlo como delito común, conforme a las sanciones previstas en el Código Penal.

DEBATE

Durante el debate, el congresista Fernando Rospigliosi, autor del citado proyecto de ley, defendió el dictamen y afirmó que la propuesta responde a una recomendación explícita del Tribunal Constitucional cuando declaró constitucional la Ley 30107.

Seguidamente, lamentó que algunos magistrados acusan y dicten sentencias por delito de lesa humanidad contra militares y policías que combatieron y derrotaron al terrorismo, pero “nunca para los terroristas criminales que asolaron el país”.

“Por eso, es indispensable que este Congreso precise qué cosas son delitos de lesa humanidad de acuerdo con lo que dice el Tratado de Roma”, argumentó.

En tanto, la congresista Ruth Luque (bancada BDP) cuestionó la iniciativa y sostuvo que el proyecto debía pasar a la Comisión de Justicia. Además, calificó la propuesta como una norma que podría favorecer la impunidad.

La congresista Gladys Echaíz (bancada HyD) respaldó la regulación de este tipo penal y afirmó que el país necesita una norma clara para su aplicación interna.

“La regulación de los delitos de lesa humanidad es una necesidad. Ha sido una exigencia constante en el país”, expresó.

Echaíz añadió que, en materia penal, rige el principio de legalidad, por lo que el Estado debe contar con una norma previa que defina los delitos y sus respectivas penas.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez (bancada FP) sostuvo que el sistema penal no puede perseguir a ciudadanos por delitos que no se encuentran previamente establecidos en la legislación nacional.

“No se puede tener un sistema donde se ha perseguido a militares y policías cuando no ha existido delito establecido en nuestro ordenamiento penal”, afirmó.

De igual forma la congresista Adriana Tudela (bancada Avanza País) sostuvo que la falta de una tipificación expresa causó, a su juicio, una aplicación arbitraria de esta figura penal. En esa línea, señaló que el Congreso debe precisar los alcances del delito para evitar interpretaciones políticas o procesos indefinidos.

A su turno, el congresista José Williams Zapata (bancada Avanza País) consideró necesario legislar sobre un delito que no se encuentra regulado de forma específica en el Código Penal. Además, señaló que los delitos de lesa humanidad han sido aplicados, principalmente, contra militares y policías.

El congresista Isaac Mita (bancada PL) expresó reparos sobre el sentido de la propuesta y afirmó que la legislación penal debe contribuir a la paz social, sin favorecer a determinados grupos. También sostuvo que el sistema debe sancionar a los responsables de crímenes, pero dentro de un marco que garantice justicia y equilibrio.

En tanto, el congresista Alejandro Muñante (bancada RP) defendió el dictamen y sostuvo que la propuesta busca subsanar un vacío legal. Además, rechazó las críticas de quienes consideran que la iniciativa promueve impunidad.

“La impunidad justamente es lo que ellos se oponen a esta propuesta. Lo que tratan de conservar no es la legalidad, sino la narrativa que hasta el día de hoy les ha servido”, manifestó.

PRECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Al cierre del debate, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría, indicó: “Lo que busca este proyecto de ley es una adecuación normativa que era una deuda vigente durante muchísimo tiempo”.

Finalmente, sostuvo que una tipificación clara permitirá fortalecer el ordenamiento jurídico y brindar mayor certeza sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL