La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó en su décima sesión ordinaria y por mayoría (17 votos a favor, 6 en contra y una abstención) la eliminación total de la inmunidad parlamentaria mediante la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Estado.

Con esa decisión, el mencionado artículo constitucional solo establece que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”; y “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Durante el debate, el congresista Robinson Gupioc Ríos (PP) propuso incluir un tercer párrafo que especifica: “Los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia”. Propuesta que fue acogida inmediatamente por el titular de la Comisión, Omar Chehade Moya (APP).

En el inicio del debate, el congresista Gino Costa Santolalla (PM) sugirió volver a debatir los predictamenes anteriores, y poner las cartas sobre la mesa sobre el voto de las bancadas, ya que su preocupación se basaba en la votación posterior del actual y su respectivo archivamiento. Al respecto, Luis Roel Alva (AP) dijo que ya no valen ver matices: estamos o no contra la corrupción.

Los dos integrantes del Frepap: Isaías Pineda Santos y María Retamozo Lezama, plantearon su adhesión al presente predictamen, que va al fondo del asunto. «Si no se aprueba, quedará claro que con el voto de algunos grupos parlamentarios se mantendrá la inmunidad y la ciudadanía los conocerá”, sostuvo Retamozo.

Rennán Espinoza Rosales (SP) señaló estar complacido con este predictamen que recoge el sentir de muchas bancadas. Y Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó que el predictamen “está claro, los argumentos se han esgrimido, si el Pleno aprueba el texto vamos a tener grandes problemas, pero lo aceptamos”.

La legisladora Mirtha Vásquez Chuquilín (FA) reafirmó su preocupación por este predictamen que cambia de manera radical las propuestas que buscaban utilizar coherentemente la figura de la inmunidad, que “no es un privilegio, es una garantía corporativa del Poder Legislativo y lo han dicho todos los constitucionalistas”.

Vásquez Chuquilín enfatizó el hecho de que con esta decisión “no se va acabar con la corrupción”. La inmunidad “facilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuencias van a verse a lo largo del tiempo”.

Jim Mamani Barriga, también de UPP, dijo que el predictamen que se plantea no resuelve el problema de la lucha contra la corrupción: “no se trata de petardear una reforma”. Y planteó la presentación de un dictamen en minoría que incluya la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios del Estado.

Lima, 30 d jujnio de 2020

PRENSA-CONGRESO