La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, bajo la conducción de su vicepresidente, Luis Ángel Aragón Carreño, escuchó la sustentación del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sobre el Proyecto de Ley 14224/2025-MP, que propone una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público orientada a modernizar su estructura y fortalecer su rol en la lucha contra la delincuencia.

Durante su exposición, el titular del Ministerio Público destacó que la propuesta busca consolidar la función fiscal como responsable de dirigir la investigación del delito desde su inicio, así como reforzar la defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y los intereses públicos.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla el fortalecimiento de fiscalías especializadas en delitos complejos, como corrupción, crimen organizado, lavado de activos, violencia contra la mujer, delitos ambientales y derechos humanos, además de incorporar mecanismos de simplificación procesal y un enfoque centrado en la protección de víctimas, testigos y peritos.

Durante el debate, en su calidad de conductor de la sesión, el vicepresidente de la comisión, Luis Ángel Aragón Carreño, planteó interrogantes respecto a aspectos clave de la propuesta, especialmente en materia presupuestal e institucional.

En ese sentido, expresó su preocupación por la situación presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señalando la necesidad de precisar cómo la nueva ley orgánica garantizará recursos suficientes para fortalecer su operatividad y capacidad técnica en el marco de las investigaciones fiscales.

Asimismo, consultó sobre la incorporación de los trabajadores administrativos del Ministerio Público dentro de la nueva estructura orgánica propuesta, a fin de asegurar su reconocimiento, estabilidad y adecuado desempeño en el funcionamiento institucional.

PRESIDENTE 

Por su parte, el presidente del Congreso (e), Fernando Rospigliosi Capurro, advirtió posibles contradicciones entre la propuesta y la normativa vigente, en particular con la Ley 32130, que establece que la Policía Nacional realiza la investigación preliminar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.

En ese sentido, señaló que algunas disposiciones del proyecto podrían generar conflictos de competencias al plantear que la Fiscalía asuma directamente funciones investigativas, lo que indicó desnaturalizaría el equilibrio actual entre estrategia jurídica (a cargo del fiscal) y estrategia operativa (a cargo de la Policía).

El titular del Parlamento también cuestionó la propuesta de centralizar funciones periciales en el Instituto de Medicina Legal, destacando que la Dirección de Criminalística (DIRCRI) de la Policía Nacional cuenta con infraestructura y especialización para realizar pericias como balística y análisis de ADN.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de otorgar a la Fiscalía facultades de “control difuso”, prerrogativa que recordó corresponde exclusivamente al Poder Judicial, así como por eventuales interferencias con las normas que regulan las actividades de inteligencia.

Finalmente, enfatizó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, señalando que el trabajo conjunto es indispensable para enfrentar la delincuencia, principal problema del país.

El congresista Wilson Soto Palacios (bancada AP) consideró que la propuesta resulta pertinente frente a los cambios que enfrenta el sistema de justicia, mientras que la congresista María del Carmen Alva Prieto (AP) planteó interrogantes sobre los mecanismos de rendición de cuentas, el impacto del incremento presupuestal propuesto y el uso de inteligencia artificial en las investigaciones.

Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) sostuvo que la problemática del Ministerio Público es de carácter estructural y expresó dudas sobre la oportunidad política de debatir una nueva ley orgánica en el actual contexto, así como sobre el modelo de elección del fiscal de la Nación.

En tanto, la congresista Gladys Echaíz Ramos formuló precisiones respecto al alcance de la autonomía disciplinaria planteada en el proyecto y su compatibilidad con el sistema de control existente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL