La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología tomará acciones de control político y buscará la derogatoria del Decreto Supremo N.° 006-2025-PRODUCE que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas por no fiscalizar debidamente.

Así lo señaló la presidenta de ese grupo de trabajo, congresista Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista), durante la segunda sesión extraordinaria, en la que cuestionó la falta de efectividad de control de la pesca en áreas no permitidas.

“Insisto en que el Ministerio de la Producción (Produce) debe evaluar la modificación de la norma. Esta comisión considera fundamental que, junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), se continúe evaluando, de manera conjunta y sobre todo técnica, si el marco actual garantiza plenamente la protección de las Áreas Naturales Protegidas marinas (ANP)”, manifestó.

Asimismo, indicó la necesidad de estudiar si es necesario fortalecer los procedimientos sancionadores o ajustar los mecanismos de colaboración entre los sectores.

“Es nuestro deber asegurar que exista claridad normativa, eficiencia operativa y una fiscalización que prevenga actividades no permitidas dentro de espacios naturales cuya conservación es prioritaria para nuestro país”, sostuvo.

“Instamos a estos sectores a mantenernos informados sobre cualquier propuesta de modificación normativa, así como los avances sobre la implementación de acciones coordinadas con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA); la Marina de Guerra del Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las autoridades regionales involucradas”, dijo.

Robles Araujo sostuvo que lo que el país requiere es que el marco regulatorio sea sólido, coherente y operativo y que las competencias del Estado, en materia de control y supervisión ambiental, sean plenamente efectivas.

“Esta comisión mantendrá un seguimiento constante del tema y va a ejercer todas las acciones de control político necesarias, para garantizar la integridad del sistema nacional de áreas naturales protegidas, y de ninguna manera permitirá lo contrario”, anotó.

Asimismo, cuestionó que existan normas que debiliten las capacidades del Estado para proteger los ecosistemas del país, “que desde ya se muestran frágiles”.

CONVOCADOS

A fin de esclarecer los alcances del referido dispositivo legal fueron convocados representantes de Produce, encabezados por el titular de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción, Daniel Collachagua Pérez.

Por el lado del Sernanp, asistió el director de Gestión Territorial, Deyvis Huamán Mendoza, entre otros funcionarios.

Robles Araujo indicó que la sesión se concretó para las aclaraciones respectivas frente a la preocupación generada en diversos sectores de la sociedad civil, la comunidad científica y el propio Estado.

Señaló que el motivo de esta situación es la advertencia de posibles efectos para fiscalizar adecuadamente las actividades pesqueras en áreas naturales protegidas.

“Se ha puesto de relieve la necesidad de precisar el verdadero impacto de la norma en la coordinación intersectorial, la intervención de la fiscalía especializada en materia ambiental y en el rol sancionador del Sernanp frente a la pesca de mayor escala dentro de esta zona sensible”, dijo.

“Hay una afectación al marco normativo de las áreas naturales protegidas. Solo en el ámbito penal, cómo es posible supeditar el inicio de la acción penal al término de un procedimiento administrativo”, se preguntó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL