La Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Rosa Bartra (FP), aprobó 11 informes del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo que preside Miguel Torres (FP).

Los Decretos Legislativos 1360, 1363, 1368, 1378, 1382, 1383, 1392, 1394, 1396, 1397 y 1398 tratan sobre las funciones del Ministerio de Cultura; los encargos efectuados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para las intervenciones previstas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; y la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Además, los decretos fortalecen y extienden la accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes; modifican los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal; la Ley General de Inspección del Trabajo; y la formalización de la actividad pesquera artesanal.

También el DL que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; el que modifica la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas; y el que modifica la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Antes de la aprobación de los decretos se puso a debate el informe del decreto 1398 que crea el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas y remueve el segundo párrafo de la primera disposición complementaria final: “Facúltese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que en el Reglamento, amplíe los alcances del artículo 2 del presente Decreto Legislativo, a fin de incorporar a las personas que no se encuentran detalladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables”.

Según afirmó el legislador Torres, la disposición indica que puedan ampliar los beneficiarios del banco de datos, pero que eso no estaba. “Seguramente necesita ser ampliado y no nos oponemos a ello, pero este no es el lugar para realizarlo”, afirmó. 

En respuesta, Marisa Glave (NP), Tania Pariona (NP) y Marco Arana (FA) pedían que quede el decreto como lo envió el Ejecutivo ya que no solo las personas vulnerables (niños, adolescentes, pobres, adultos mayores, discapacitados y migrantes) tienen familiares desaparecidos. 

Además, dijeron que hay un proyecto de ley en espera sobre el tema que fue a un cuarto intermedio y aún no es debatido. El decreto fue aprobado por mayoría.

Finalmente, participaron la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Ana María Aranda Rodríguez. Dio su opinión como presidenta de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial respecto del proyecto de ley 3160/2018-PE, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial; y el fiscal adjunto supremo, Javier Luna García, respecto del proyecto de ley 3161/2018-PE, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público. (MCGH)

PRENSA CONGRESO