Comisión aprobó constitucionalidad de Decretos Legislativos
Centro de Noticias del Congreso
17 May 2016 | 12:51 h
La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó la constitucionalidad de un paquete de decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo, en virtud a las facultades delegadas por el Poder Legislativo en materia de fortalecimiento y reforma institucional de los sectores Interior y Defensa Nacional.
Así lo acordó, el martes 17, en su décimo segunda sesión ordinaria que se realizó en el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, en el ejercicio de su función de control sobre la legislación delegada establecida en el artículo 90 del Reglamento del Congreso.
Se trata de los Decretos Legislativos 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC); 1135, Ley de Organización y Funciones de Ministerio de Interior; 1140, que crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior; 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP); 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la PNP; 1150, régimen disciplinario de la PNP; 1151, ley del régimen educativo de la PNP; y 1152, que aprueba la modernización de la función criminalística policial.
Del mismo modo, aprobó la constitucionalidad de otros tres decretos legislativos, entre ellos el 1131, que crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.
Respecto a los otros dos, el congresista Marco Falconí Picardo (UR), indicó que el Decreto Legislativo 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura, busca modernizar el marco legal de esta actividad para promover el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos.
“Hay que impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos, de manera sistemática e integral, así como de los CITE”, agregó el legislador.
Respecto al Decreto Legislativo 1177 que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, el legislador dijo la norma señala las medidas que promuevan el acceso a la vivienda y a la formalización de la propiedad, así como otorga incentivos fiscales para promover el arrendamiento de inmuebles para vivienda. “Se busca reactivar el sector inmobiliario”, precisó.
OPINIÓN CONSULTIVA
Un breve debate generó el pedido de opinión consultiva de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley 1855/2012-CR que propone la Ley de Competitividad del Comercio Exterior fomentando la transparencia en la contratación de carga aérea internacional.
El proyecto propone alinear nuestra legislación nacional a los convenios internacionales a fin de dotar de transparencia al cobro de los servicios de carga aérea y promover la competencia entre terminales.
La conclusión de la opinión consultiva señala que el referido proyecto vulnera los artículos 55 y 118, numeral 11, de la Constitución Política del Perú, en lo que corresponde a la vigencia de los convenios internacionales y la atribución constitucional para su denuncia; así como los artículos 2, numeral 14 y 62 de nuestra Carta Magna sobre vulneración del derecho a la libre contratación.
El congresista José León (GPPP), dijo que el comercio es un tema crucial para nuestro país. Explicó que en la práctica los usuarios se ven afectados por las medidas para arancelarias en los costos de despacho, cuando deberían aplicarse a los costos de importación.
Por su parte, la congresista Rosa Mavila (AP-FA), opinó que el tema de fondo es un conflicto de intereses en torno a quien decide el almacenamiento. “Están condicionando, cual “mando militari”, la decisión interna de donde se debe almacenar”.
El congresista Javier Velásquez Quesquén (CP), informó que el dictamen del proyecto en consulta ya se aprobó en la comisión de Comercio Exterior y Turismo. “El dictamen está en camino a que se pronuncie el Pleno. Debemos opinar de qué no se pronuncie nuestra comisión sobre el tema”, puntualizó.
En tanto que, el legislador Santiago Gastañadui (NGP), opinó que se debería preguntar a la comisión dictaminadora si todavía quiere que se pronuncie la comisión de Constitución.
Al hacer uso de la palabra el presidente de la comisión de Constitución, Freduy Otárola (NGP), dijo que “no se puede cercenar las funciones de la comisión” porque se trata de un pedido de opinión consultiva respecto a la constitucionalidad del referido proyecto y no un pronunciamiento del tema de fondo.
Agotado el debate, los congresistas miembros de la comisión de Constitución aprobaron que la votación de la referida opinión consultiva se realizará en la próxima sesión.
PRENSA-CONGRESO
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