COMISIÓN ACUERDA CITAR A JEFE DE SUNAT

Centro de Noticias del Congreso

09 Nov 2016 | 14:10 h

La Comisión de Economía aprobó un pedido para que se convoque al nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Víctor Shiguiyama Kobashigawa, a efectos de que informe sobre cómo ha recibido a ese organismo y a una presunta comisión de graves irregularidades y supuestos delitos entre los años 2011 y 2016.

Se adoptó ese acuerdo tomando como base un pedido del congresista Percy Alcalá Mateo (FP), secretario de la Comisión. Inclusive, Alcalá solicitó que se acordara solicitar al Pleno del Congreso que se otorgase a la Comisión facultades de comisión investigadora para evaluar denuncias que habían formulado trabajadores de la Sunat a su despacho parlamentario.

Sin embargo, fue el legislador Carlos Bruce Montes de Oca (PPK) quien sugirió que primero se invitara al titular de la Sunat para que informe sobre cómo ha encontrado a la institución y conocer si eran ciertas las denuncias sobre supuestas irregularidades. Después de ello, indicó, se consideraría una solicitud al Pleno para contar con facultades de comisión investigadora.

De esa manera, la presidenta de la Comisión, Mercedes Aráoz Fernández (PPK), sometió a voto el pedido de Alcalá. Se acordó que Shiguiyama Kobashigawa acuda la semana subsiguiente, ya que los parlamentarios estarán la próxima semana participando en las actividades del Foro APEC que se realizará en Lima en esos días.

IRREGULARIDADES

Al sustentar su pedido, el congresista Alcalá Mateo señaló que los hechos irregulares en la Sunat ocurrieron entre los años 2011 y 2016. Dijo que ha recibido documentos a través de los cuales se indica que habría deficiencias técnico contables que ocasionaron cuantiosas pérdidas de dinero que resultaba necesario para poder actuar contra los delitos de defraudación en agravio del Estado.

Indicó, entre otras cosas, que en el año 2011 había 7,414 trabajadores en la Sunat, los que al año 2016 aumentaron a más de 12 mil y la planilla anual subió a 230 millones de soles anuales.

Además, expresó que se había denunciado que la Sunat percibe 150 mil dólares por concepto de arrendamiento del antiguo edificio del hotel Crillón, en el centro de Lima. A ello, agregó que también se habían alquilado otros 800 locales con graves perjuicios al Estado.

La congresista Karla Schaefer Cuculiza (FP) intervino para indicar que la llamada ‘gran transformación’ anunciada por el gobierno anterior fue aplicada con la generación de miles de empleos para sus partidarios. Precisó que la Sunat ha perdido el peso y la capacidad técnica que antes tuvo, por lo que era necesario que el titular de la SUNAT informase sobre esa situación.

Lucio Ávila Rojas (FP) se sumó al pedido de citación al jefe de la Sunat, tras lo cual el acuerdo fue adoptado por unanimidad.

ELECCIONES EE.UU

En otro momento de la sesión realizada el miércoles 9, la congresista Paloma Noceda Chiang (FP) solicitó que se convocase a la Comisión a una autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas –no precisó si sería su titular- para que informe acerca del impacto que  tendría en el Perú el virtual triunfo electoral del candidato republicano Donald Trump, en las elecciones efectuadas ayer en los Estados Unidos. Pero no hubo respuesta a esa solicitud.   

COOPERATIVAS

En la primera parte de la reunión efectuada en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, la Comisión recibió al presidente del Consejo de Administración de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP) y al gerente general de esa entidad, Manuel Rabines Ripalda.

Ellos opinaron sobre un proyecto legislativo para modificar la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para incluir precisiones sobre la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.

Rabines Ripalda se explayó acerca de la situación en que se encuentran las entidades cooperativistas integrantes, o no, de la Fenacrep. Luego, dijo que hay aspectos positivos del proyecto de ley como el establecimiento de un fondo que garantizará los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito, la especialidad de la actividad, libertad en la fijación de tasas de interés en las operaciones activas y pasivas de las cooperativas  y la creación de un registro nacional de esas cooperativas.

Sin embargo, lamentó que se pretendería, dijo, prohibir a esas cooperativas de realizar otras actividades que no sean las de ahorro y crédito. Indicó, entre otras observaciones,  que si las cooperativas son entidades que no buscan el lucro, sino el bienestar general, cómo se les podría prohibir realizar programas de capacitación a sus miembros y crear una red de policlínicos, por ejemplo.

PRECISIONES

La presidenta Mercedes Aráoz aclaró que la finalidad de la propuesta de ley es fortalecer a las cooperativas y proteger a los usuarios ahorristas. En ese sentido, dijo que se está solicitando que se aporten ideas sobre cómo fortalecer y perfeccionar la acción de las cooperativas de ahorro y crédito. Anotó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP quiere hacer una regulación progresiva de las mismas a fin de no afectarlas en su funcionamiento.

Víctor García Belaunde (AP), autor del proyecto de ley, aclaró que no se trata de perjudicar ni cerrar a las cooperativas de ahorro y crédito. Agregó que se busca vigilarlas de cerca cautelando los ahorros de la gente, en su mayor parte pobres.

García manifestó que la iniciativa parlamentaria surgió después de comprobarse los graves delitos perpetrados por Carlos Orellana a través de varias cooperativas con las cuales se cometieron muchos delitos en contra del Estado, precisamente porque no eran vigiladas o supervisadas pero sí autorreguladas, según indicó. “Buscamos que sea el Estado, y no el gobierno de turno, sea el que regule a estas entidades del sector cooperativo”, apuntó García Belaunde.

Wilbert Rozas Beltrán (FA) respaldó el proyecto y además pidió que se convocase a representantes de otras instituciones cooperativistas para tener una mayor información al respecto. Así se acordó.

A su vez, Miguel Torres Morales (FP) coincidió en la conveniencia de la iniciativa de ley. Pidió una supervisión especializada de estas cooperativas de ahorro y crédito, y previno a que no se cometan errores como  trabajar en favor no de las cooperativas, sino de otras entidades o seudo cooperativas como las que montó Carlos Orellana en el pasado.

De otro lado, los legisladores acordaron suspender el debate del dictamen recaído en un proyecto de ley sobre contratos de seguros celebrados con empresas prestadoras de servicios de salud (EPS). Se acordó convocar a representantes de otras instituciones, entre ellas de la asociación de corredores de seguros, a fin de tener una visión integral de esa problemática.  (JTR).

 

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