La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó, por unanimidad, el informe de opinión favorable para el otorgamiento de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, por un lapso de 90 días.
El documento anota que las facultades delegadas servirán para que el Poder Ejecutivo desarrolle una legislación no solo en el ámbito de lo urgente, sino también de lo importante para enfrentar el flagelo de la inseguridad ciudadana, para modificar la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mejorar la política migratoria interna y externa, la Superintendencia de Migraciones y la regulación de la seguridad fronteriza.
Precisa que si bien el proyecto de ley Nº 228-2016-PE se ampara en la iniciativa legislativa contemplada en el artículo 107º de la Constitución, esta no puede estar exenta del cumplimiento de principios constitucionales en el contenido de su propuesta normativa, más aún cuando esta se convierte en un texto prospectivo en materia de legislar, tal como se suscribe en la exposición de motivos y el detalle normativo a implementar brindado por el ministro del sector.
En tal sentido, aclara el informe, es ineludible el principio de constitucionalidad que debe cumplir el marco normativo a emitirse por parte del Poder Ejecutivo y que debe centrarse en el principio de coherencia normativa y de orden constitucional.
Anota que como bien señala el Tribunal Constitucional, la limitación total a los derechos fundamentales es inconstitucional y la extensión de restricciones a ellos requiere de una reforma constitucional, más aún cuando la propia Constitución establece competencias a órganos autónomos constitucionales con fines determinados.
27 sugerencias
El informe, que será remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento contiene también 27 sugerencias de congresistas de diferentes bancadas, entre ellos de Richard Arce (FA), Gino Costa (PPK), Edwin Donayre (APP), Daniel Salaverry, Marco Miyashiro, Octavio Salazar, César Segura y Luis Yika (FA).
Miyashiro, por ejemplo, sugirió que se considere a la micro comercialización de drogas dentro del ámbito del control de la DIRANDRO, ya que el microcomercializador es el último eslabón del traficante de drogas. Salazar propone que en el caso de delitos de robo efectuados a sedes bancarias y financieras, se considere los convenios suscritos entre la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y la PNP.
También recomendó que con relación al delito de marcaje y reglaje se evalúe establecer la responsabilidad que corresponda a los bancos y financieras, con el fin de que cuenten con el personal especializado en seguridad que realicen labores de prevención y custodia.
Segura recomendó que se considere otorgar mayor presupuesto a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que esa entidad cuente con las mejores condiciones para realizar un mejor trabajo de control migratorio y proceda de manera efectiva a la expulsión de los extranjeros que cometen actos contrarios a la ley dentro de nuestro territorio nacional.
Costa opinó que con relación al Ministerio Público se considere que la duración de la detención preliminar judicial, para el caso de organizaciones criminales, lavado de activos y sicariato. sea de 15 días, convalidar la detención en flagrancia delictiva por el plazo máximo de siete días, que la duración del plazo de prisión preventiva en caso de delitos cometidos por organizaciones criminales sea de 72 meses como máximo, que se permita, excepcionalmente, practicar la prueba anticipada de diligencias preliminares.
Con relación a la Sala Penal Nacional, que se tenga en cuenta modificar el Código Procesal Penal en el sentido que la Sala Penal Suprema dirima las contiendas de competencia cuando interviene un órgano jurisdiccional de carácter nacional y regular el plazo para la emisión de la resolución de prisión preventiva en la Sala Penal Nacional.
Propone, igualmente, que se adecúen las jurisdicciones policiales a las jurisdicciones políticas a nivel distrital, provincial y regional el nombramiento de una autoridad única en cada jurisdicción, responsable del manejo de todos los recursos institucionales utilizados en ella, el patrullaje integrado con los centros de comunicación municipal durante las 24 horas del día.
Sugirió que se contemple en la organización del Ministerio del Interior las normas aplicables al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. (jon)

PRENSA-CONGRESO