En sesión conjunta extraordinaria, las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República, y la de Trabajo y Seguridad Social acordaron citar para este viernes a las 9:00 a.m. al presidente de Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén y al ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, a fin de que expliquen el procedimiento que se aplicará para la extinción de 14 programas de infraestructura recientemente anunciado por el Gobierno.

Ambos grupos de trabajo aprobaron, por unanimidad, la propuesta de fecha y hora, con 21 y 13 votos a favor, respectivamente.

Como se recuerda, el titular del MEF indicó que la medida permitiría concentrar la inversión pública en una sola institución como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Cabe precisar que, a pesar de la convocatoria a ambos funcionarios y al director ejecutivo de la ANIN para la sesión prevista, para el día de hoy, estos solicitaron su reprogramación.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones Soriano (APP), señaló que la invitación a las autoridades del Ejecutivo se da en cumplimiento de sus funciones de fiscalización y, principalmente, por el pedido de los sindicatos de trabajadores que forman parte de estos programas de los diferentes ministerios que se verían inmersos en esta extinción.

“A la fecha, no existe precisión sobre los efectos presupuestales, las medidas que se tomarían para trasladar la cartera de proyectos asegurando la ejecución y financiamiento de estos, como tampoco se tienen información alguna sobre los efectos de esta propuesta con respecto a los trabajadores de estos programas”, advirtió Camones Soriano.

Es por ello que exigió que toda medida referida al traslado de la titularidad de estos proyectos de inversión, de estos referidos programas, se estudie con un mayor detalle y se asegure en todo momento que el financiamiento y la ejecución no sean puestos en riesgo.

En la sesión participaron algunos representantes de los sindicatos de trabajadores de entidades públicas como el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel); Provías Nacional y Descentralizado y de ministerios quienes manifestaron que la disposición podría afectar a alrededor de 15 mil familias.

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