La Comisión de Justicia y Derechos Humanos citará a los ministros del Interior y de Defensa para que expliquen -en la siguiente sesión de trabajo- las razones por las cuales se autorizó a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional del Perú a asegurar el control y mantenimiento del orden interno en Lima y Callao.

La decisión fue tomada por mayoría en respuesta a la petición de la congresista Ruth Luque Ibarra (JPP), quien se refirió a la Resolución Suprema N.° 191-2021-IN, publicada el 29 de octubre pasado.

Luque Ibarra indicó que la seguridad ciudadana tiene que estar principalmente a cargo de la PNP, puesto que así lo establece la Constitución Política, por lo que es necesaria la sustentación de la norma emitida.

Refirió que el DL N.° 1095 admite de manera excepcional y proporcional la participación de las Fuerzas Armadas en determinados temas.
Por su parte, la congresista Susel Paredes Piqué (SP-PM) consideró oportuno que, además de las exposiciones ministeriales, se requiera una opinión jurídica.

Puesto a votación el pedido por la titular de la comisión, Gladys Echaíz De Núñez Ízaga (APP), se registró doce votos a favor y la abstención del congresista José Balcázar Zelada (PL).

De otro lado, el grupo de trabajo legislativo aprobó, por mayoría, la propuesta legal del Poder Judicial que tiene por finalidad que la revisión de las actuaciones de los ejecutores coactivos esté a cargo de los jueces de primera instancia del contencioso administrativo y no la Corte Superior y, en caso de apelación, derivada a la Corte Suprema.

Echaíz De Nuñez Ízaga explicó que la propuesta apunta a revisar la actuación de los ejecutores coactivos. «No se ve en el Poder Judicial la viabilidad ni la validez del acto administrativo o si corresponde o no haberlo dictado».

“Lo que se analiza o revisa es en relación con lo actuado por el ejecutor y si se le dio la oportunidad al administrado de tomar conocimiento de los cargos de imputación. Es decir, si ha sido notificado correctamente o si se han observado los plazos que la ley determina”, anotó.

De otro lado, la comisión aprobó la conformación de una mesa de trabajo para que analice los proyectos de ley que plantean modificar artículos del Código Penal, para facilitar la aplicación de tipos penales que protegen la flora y fauna silvestre e incorporar como circunstancia agravante la pertenencia del agente a una organización criminal.

La referida mesa estará conformada por los congresistas Héctor Ventura Ángel (FP), Elvis Vergara Mendoza (AP) y Cruz María Zeta Chunga (FP). El coordinador será el primero de los mencionados por ser el autor del pedido.

Sobre el tema fue invitado el especialista en temas de Derecho Penal Ambiental, Daniel Huamán Castellares, quien afirmó que, en el aspecto de financiación, una persona conoce que es para generar una actividad ilícita. «Este se constituye en cómplice primario, y como tal tiene la misma condición con respecto a la pena que se impone al autor», sostuvo.

A su turno, el congresista Vergara Mendoza consideró que la ley debe diferenciar entre quien actúa por contrato laboral y sobrevivencia, de quienes tienen realmente la responsabilidad de depredación de la Amazonía.

Finalmente, durante la sesión se atendió la sustentación del director de Gestión de Políticas de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ángel Gonzales Ramírez, sobre la propuesta del Poder Ejecutivo que plantea modificar el Decreto Legislativo N.° 1297, para abreviar la duración del proceso de declaración judicial de desprotección familiar y adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes.

Refirió que, si los plazos se cumplieran, «el procedimiento solo duraría 55 días, y no el año y medio que demora en la actualidad», indicó.

OFICINA DE COMUNICACIONES