Poco más de diez mil niños (hombres y mujeres) en edad escolar, reciben un apoyo especializado en los llamados “centros educativos especiales”, de un universo de 57 mil escolares con discapacidad registrados por el Ministerio de Educación.

Según especialistas en esta modalidad de apoyo, solo el 18% – uno de cada seis- de estudiantes con habilidades diferentes recibe acompañamiento y asesoría para su incorporación plena al proceso educativo y de acuerdo a su edad.

Debido a este gran vacío en el desarrollo escolar, es que el Congreso de la República decidió promover la educación inclusiva y que se haga extensiva a todos ellos a través de la Ley 30797, aprobada en mayo de 2018, modificando los artículos 19-A y 62-A de la Ley General de Educación, 28044.

La Educación inclusiva, según la norma, implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidas aquellas que presentan una discapacidad en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos.

Por su parte, la Escuela inclusiva es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje para todos los estudiantes; acepta, respeta y valora a cada niño con sus diferencias y se centra en las capacidades que tienen los estudiantes para potenciarlos y hacerlos participativos en la enseñanza.

La función principal de la ley será actuar como un soporte para que los docentes orienten adecuadamente a los estudiantes, entre otros, en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional.

La norma dispone que las  instituciones educativas del país deberán adoptar medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los servicios educativos y desarrollen planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Otro de los propósitos de la ley es garantizar, de manera efectiva, el enfoque inclusivo en la educación, en todas sus modalidades, e incorporar al profesional en psicología como integrante de la comunidad educativa.

Esta labor empezará por capacitar al personal docente, auxiliar y personal administrativo sobre la atención a los escolares con habilidades diferentes.

Sin embargo, la norma ha obviado a la población escolar con alguna dificultad o limitación permanente, como la dificultad para concentrarse y recordar y de relacionarse con los demás por sus sentimientos, pensamientos, emociones o conductas.

Según el Censo Nacional de 2017, de un total de 49, 383 (entre los 6 y 14 años de edad) tienen la primera de las dificultades; y 32,987 niños registran problemas de relacionarse con los demás. La mayoría de estos niños se encuentran en el área urbana.

Hasta el 2016, solo 2.979 centros escolares de todo el país fueron “inclusivos” y recibieron recursos y material especial por 3 millones 780 mil soles para el acondicionamiento de la infraestructura.

La  educación inclusiva no genera costos adicionales a los padres de familia de alumnos con necesidades educativas especiales, en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas.

Los cambios en la Ley de Educación permiten que se incorpore al profesional de psicología en la conformación y participación de la comunidad educativa. El artículo 62-A señala que el psicólogo escolar es un profesional especializado que forma parte de la comunidad educativa y que contribuirá a la formación integral de los estudiantes en la educación básica y que su integración a la comunidad educativa será progresiva, conforme a la  disponibilidad presupuestal de Ministerio de Educación.

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