La Superintendenta de Educación Superior Universitaria, Lorena Masías Quiroga, sostuvo que a SUNEDU le corresponde supervisar que se cumpla lo que establece la Ley Universitaria respecto a la edad máxima de 70 años para ejercer la docencia y que la solución a este problema está en manos del Congreso.

            En su presentación ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el lunes 9, Masías respondió a las inquietudes de la totalidad de los congresistas, no solo a la edad que establece el artículo 84 de la Ley Universitaria, sino a la situación en la que se encuentra la universidad peruana.

            Dijo que Sunedu está a favor de debatir el aumento del límite de edad y permanencia de las autoridades universitarias electas hasta concluir su mandato, pero no se trata de un cese inmediato, sino gradual y que al respecto hay 50 denuncias de la comunidad universitaria, pero también pedidos de docentes jóvenes que están en busca de una plaza.

            Lorena Masías informó que la institución a su cargo ha iniciado una lucha contra la informalidad en las universidades que actuaron fuera de la legalidad. Es así que 19 universidades abrieron 124 programas de pre y posgrado que no fueron autorizados, y 13 universidades contaron con 75 establecimientos no autorizados. Sobre la reubicación de los alumnos dijo que esto es responsabilidad de las universidades y que en el próximo año Sunedu evaluará la calidad de estos establecimientos a fin de no perjudicar a los estudiantes.

            Dio a conocer que hay tres universidades informales sancionadas con 300 UIT: American Pontifical Catholic University Peru SAC, Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada de Tacna y la Asociación Cultural Oriente Peruano; y 16 universidades con procesos sancionadores en curso por programas no autorizados.

            De otro lado, 125 universidades han presentado su solicitud de licenciamiento según el cronograma establecido. 106 ya fueron evaluadas, de las cuales 54 tienen informe de observaciones, 27 entrarán a un plan de adecuación. 19 tienen la licencia y 4 son universidades públicas.

            Lorena Masías comentó que, en general, se está trabajando por mejorar las universidades, pero luego de sus palabras la participación cuestionadora de los congresistas de la comisión sobre el desarrollo de la universidad peruana y de la actuación de la superintendencia ocupó más de cuatro horas, en las que la funcionaria respondió una a una las preguntas.

            Gloria Montenegro dijo que una de las principales dificultades de la universidad pública es el presupuesto para infraestructura y el pago a los docentes. Ha transcurrido varios años y no hay una solución, afirmó.

            Se dijo que el recambio generacional era necesario y que corresponde a las autoridades universitarias que se realice, pero era inaceptable el cese de profesores con más de 30 años de servicios.

            Julio Rosas dijo que talvez Sunedu hubiera sacado a todos los profesores que cumplieron los 70 años y cuestionó la simplificación administrativa que pregona, entre ella la plataforma de servicios digitales y las consultas en línea; mientras que Lucio Ávila afirmó que muchas personas exigen una educación con calidad, pero no puede haber si el presupuesto público para las universidades está congelado.

            La funcionaria dijo que el presupuesto está en manos del Ministerio de Educación y que fue el Congreso el que decidió que sea hasta los 70 años la edad máxima para la docencia. Afirmó que “no se han cambiado las reglas de juego”, sin embargo se ha añadido nueva documentación producto de la experiencia porque los indicadores que se exige tienen que ser consistentes.

            La congresista Sonia Echevarría se quejó que la superintendenta no la haya recibido y pidió la presencia in situ de evaluadores en las dos universidades de Junín: la Universidad Nacional Autónoma Andina, de Tarma; y la Universidad Juan Santos Atahualpa.

            Mario Canzio dijo que no se podía exigir calidad sin igualdad de oportunidades y preguntó por qué no se establece el número real de vacantes que se necesita y no dejarlo al libre albedrío; Lució Ávila repreguntó por qué se estaba licenciando a “pequeñas universidades”, mientras que Guillermo Bocángel cuestionó acremente la labor de la Sunedu, incluso le preguntó a la titular cuáles eran los criterios de evaluación para contratar al personal que labora en la superintendencia. Por qué se ha cambiado los métodos cualitativos en el proceso de licenciamiento, por ejemplo, luego que se le otorgaron a las universidades Católica del Perú y Cayetano Heredia.

            Hay universidades con cero investigación, dijo. La Universidad de Huanta tiene acreditación cuando no tiene profesores. Propuso que intervenga la Contraloría General en la Sunedu y una reorganización completa porque ha fracasado el proceso de licenciamiento.

            También intervinieron las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca. La primera de ellas preguntó por qué la Universidad San Martín de Porras no cuenta con el suficiente número de profesores ordinarios y dijo que hay que luchar para que haya una buena calidad en las universidades, “esa es la prioridad”, afirmó. Huilca destacó que se dé licencias adecuadas a las universidades para que el alumno sepa que está recibiendo una educación de calidad.

            Previamente, la Comisión aprobó el proyecto de ley –de autoría del congresista Juan Carlos Del Águila, para que la Escuela Superior de Formación Artística “Lorenzo Luján Darjón” (en Maynas, Iquitos, con 55 años de funcionamiento) tenga los deberes y derechos para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller y el título de licenciado, equivalentes a los otorgados por las universidades del país.

            La iniciativa respondió a que en una ley anterior aprobada por el Congreso se otorgó a otros 14 centros superiores este derecho, pero se omitió a dicho centro de estudios. (O/M/C)

PRENSA CONGRESO

9-10-17