Por seis votos a favor, uno en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy martes 3, declarar la inadmisibilidad de una denuncia constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por la presunta comisión de infracciones constitucionales en el ejercicio de sus funciones gubernamentales. Al mismo tiempo, se dio un plazo de tres días para que el autor de la denuncia precise los cargos atribuidos al exjefe del Estado.
En la denuncia, presentada por el ciudadano Nerio Wilson Sánchez Quiroz, presidente del Frente de Defensa del Aeródromo de Collique, se señala presuntos hechos inconstitucionales contra el exmandatario, para quien se solicita un pedido de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, la denuncia adolece de precisiones en cuanto a los cargos atribuidos al exmandatario.
Para el efecto, se dio un plazo de tres días al denunciante para que precise las denuncias atribuidas al exprimer mandatario, a fin de establecer si cabría aplicársele las sanciones correspondientes. La decisión fue adoptada en sesión realizada por la Subcomisión, perteneciente a la Comisión Permanente del Congreso, que espresidida por el congresista Víctor García Belaunde (AP-FA).
IMPROCEDENTES En la sesión también fueron declaradas improcedentes 36 denuncias que habían sido formuladas contra funcionarios del Estado, entre ellos exministros, miembros y exmiembros del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, debido a que esas acusaciones no reunían los requisitos de ley para ser aprobadas.
En la denuncia constitucional contra García Pérez, que lleva el número 106, se comprende también a varios exministros que cumplieron su misión encabezados por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo Gálvez. El informe de la Subcomisión precisó que se debería de precisar, por el denunciante, los cargos que se atribuye al líder aprista.
En el debate del tema, el congresista Javier Velásquez Quesquén (CP) señaló que la denuncia se refería a un caso formulado por el ciudadano Sánchez Quiroz respecto de la expropiación de terrenos, de propiedad del Estado, para la construcción del aeródromo de Collique.
Dijo que el recurrente no vive en los terrenos afectados, que por lo demás son de propiedad del Estado, aparte de que es un ciudadano residente en el distrito de Comas y no de Collique. Velásquez comentó que la denuncia omitía requisitos indispensables para ser admitida, ya que se pretendía extender la responsabilidad en que habrían incurrido los ministros al exjefe del Estado. Aclaró que el presidente es irresponsable (ajeno a las denuncias) por las faltas o delitos en que podrían incurrir sus ministros.
Sin embargo, anotó, a esa denuncia se sumó el congresista Sergio Tejada Galindo (DyD), que de ese modo –previno- se estaba adhiriendo a una denuncia que resulta “muerta” e insubsistente.
Por lo demás, Velásquez calificó la denuncia de “improcedente” porque el recurrente Sánchez Quiroz. Además, dijo que en las conclusiones del informe no se incluía a García Pérez en la eventual comisión de delitos.
A la intervención de Velásquez siguió la de María Pérez Tello (PPC-APP), que coincidió con apreciaciones de Velásquez Quesquén. Sin embargo, afirmó que hay ministros que estarían involucrados en las denuncias, por lo cual opinó que se debería de dar el plazo para hacer las precisiones correspondientes en cuanto a eventuales responsabilidades de aquellos exfuncionarios.
Pérez Tello también se pronunció por la inadmisibilidad de la denuncia y porque se otorgue un plazo de tres días para que el denunciante precise los cargos contenidos en su acusación.
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Al mismo tiempo, se dio un plazo de tres días para que el autor de la denuncia precise los cargos atribuidos al exjefe del Estado. En la denuncia, presentada por el ciudadano Nerio Wilson Sánchez Quiroz, presidente del Frente de Defensa del Aeródromo de Collique, se señala presuntos hechos inconstitucionales contra el exmandatario, para quien se solicita un pedido de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, la denuncia adolece de precisiones en cuanto a los cargos atribuidos al exmandatario. Para el efecto, se dio un plazo de tres días al denunciante para que precise las denuncias atribuidas al exprimer mandatario, a fin de establecer si cabría aplicársele las sanciones correspondientes. La decisión fue adoptada en sesión realizada por la Subcomisión, perteneciente a la Comisión Permanente del Congreso, que espresidida por el congresista Víctor García Belaunde (AP-FA).
IMPROCEDENTES En la sesión también fueron declaradas improcedentes 36 denuncias que habían sido formuladas contra funcionarios del Estado, entre ellos exministros, miembros y exmiembros del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, debido a que esas acusaciones no reunían los requisitos de ley para ser aprobadas.
En la denuncia constitucional contra García Pérez, que lleva el número 106, se comprende también a varios exministros que cumplieron su misión encabezados por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo Gálvez. El informe de la Subcomisión precisó que se debería de precisar, por el denunciante, los cargos que se atribuye al líder aprista. En el debate del tema, el congresista Javier Velásquez Quesquén (CP) señaló que la denuncia se refería a un caso formulado por el ciudadano Sánchez Quiroz respecto de la expropiación de terrenos, de propiedad del Estado, para la construcción del aeródromo de Collique. Dijo que el recurrente no vive en los terrenos afectados, que por lo demás son de propiedad del Estado, aparte de que es un ciudadano residente en el distrito de Comas y no de Collique. Velásquez comentó que la denuncia omitía requisitos indispensables para ser admitida, ya que se pretendía extender la responsabilidad en que habrían incurrido los ministros al exjefe del Estado. Aclaró que el presidente es irresponsable (ajeno a las denuncias) por las faltas o delitos en que podrían incurrir sus ministros. Sin embargo, anotó, a esa denuncia se sumó el congresista Sergio Tejada Galindo (DyD), que de ese modo –previno- se estaba adhiriendo a una denuncia que resulta “muerta” e insubsistente.
Por lo demás, Velásquez calificó la denuncia de “improcedente” porque el recurrente Sánchez Quiroz. Además, dijo que en las conclusiones del informe no se incluía a García Pérez en la eventual comisión de delitos. A la intervención de Velásquez siguió la de María Pérez Tello (PPC-APP), que coincidió con apreciaciones de Velásquez Quesquén. Sin embargo, afirmó que hay ministros que estarían involucrados en las denuncias, por lo cual opinó que se debería de dar el plazo para hacer las precisiones correspondientes en cuanto a eventuales responsabilidades de aquellos exfuncionarios. Pérez Tello también se pronunció por la inadmisibilidad de la denuncia y porque se otorgue un plazo de tres días para que el denunciante precise los cargos contenidos en su acusación.
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