La congresista Flor Pablo (No A) lideró un proceso de consultas con expertos del sector educativo y de protección infantil, así como con abogados y especialistas para reformular el tratamiento de las sanciones administrativas en casos de violencia sexual en instituciones educativas.

El objetivo es eliminar la impunidad que se genera en estos procedimientos, donde los agresores muchas veces siguen recibiendo sueldos y sus casos prescriben sin castigo.

Fue durante una mesa de trabajo denominada “Aportes de la sociedad civil al proyecto de ley contra la impunidad de los agresores sexuales en las escuelas”, que se llevó a cabo en la sala Martha Hildebrandt del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.

La legisladora señaló que el proyecto de ley prioriza el interés superior del niño sobre la presunción de inocencia del agresor. Este cambio busca que, una vez que una persona sea denunciada por violencia sexual, se impida su contratación en cualquier institución, pública o privada, que trabaje con menores.

La congresista Flor Pablo destacó la urgencia de proteger a los menores en todos los entornos.

«Actualmente, existen 8130 denuncias contra profesores, con 604 casos prescritos administrativamente en los últimos nueve años. Solo 27 de los 550 casos en Condorcanqui, en Amazonas, tienen sentencia. Entre las medidas propuestas están la separación preventiva con suspensión de pago y un sistema de acompañamiento y reparación para las víctimas», señaló.

Uno de los invitados fue Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, quien señaló que la propuesta legal debe establecer objetivos, actores y temas relacionados con la violencia y la educación. Expresó preocupación sobre la claridad de los términos “violencia sexual” y “conocimiento sexual”, sugiriendo que podrían generar confusión.

Lescano también subrayó la importancia de garantizar la presunción de inocencia en casos de separación preventiva en entornos educativos y destacó la necesidad de analizar el impacto de la propuesta en recursos.

En tanto, Marco Tulio Domínguez, decano del Colegio de Profesores del Perú, señaló que “esta iniciativa sería para mejorar la protección de los menores en comunidades vulnerables. A pesar de los 200 años de república, persisten profundas desigualdades, especialmente en regiones donde el Estado tiene poca presencia.

También asistieron Juana Sono Hernández, del Consejo Nacional de Educación; Luis Simeón, del Colegio de Profesores del Perú; Susana Chávez de PROMSEX; Gladys Vía Huerta, del Plan International; Richard O’Diana Rocca, de Save the Children; Izela Sánchez, de Consorcio de Colegios Católicos del Perú; Molvina Zeballos – Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN); entre otros.

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