Después de más de tres horas, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, terminó de responder ante el Pleno del Congreso de la República las 39 preguntas del pliego interpelatorio. De inmediato, a las 19. 20 horas se inició el debate con las intervenciones de los congresistas César Antonio Segura Izquierdo, Carlos Tubino y Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular. 

Momentos antes, el ministro sostuvo, respondiendo a una de las preguntas,  que los delitos de la apología y del terrorismo están dentro de un marco en que se tiene que modificar su normatividad. Existen cuatro proyectos  que consideramos suficientes para solucionar el problema de aplicación e interpretación actualmente existente, por lo que resulta más eficiente dejar en manos del Congreso de la República la solución de este problema.

Así lo señaló en respuesta a la pregunta por qué dentro de los 33 decretos legislativos que expidió el gobierno relacionado a su sector y la seguridad ciudadana, no se legisló sobre terrorismo y apología, a pesar de tener las facultades delegadas.

También aseguró que Sendero Luminoso y el MRTA figuran en los reportes sobre terrorismo del 2015 emitidos por el Departamento de Estado de USA, y agregó que las actividades de estos grupos afines al terrorismo cuando se producen son informadas por la Cancillería.

Respecto a una reunión que se iba a realizar en el Hotel Bolívar con la participación de miembros del M-19 de Colombia, MRTA y Frente Sandinista de Liberación Nacional, el ministro respondió que la policía tenía pleno conocimiento de dicha actividad, la cual fue cancelada por decisión de la administración del hotel.

Asimismo, dijo, que  la DIRCOTE monitorea de manera permanente las acciones realizadas por el autodenominado “fuerzas armadas revolucionarias- ejército popular tupacamarista”, que es un intento de agrupación del MRTA.

Basombrío manifestó, asimismo, que de acuerdo con el decreto supremo 076-2016-PCM, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en el VRAEM, debiendo la PNP apoyar este objetivo. Igualmente señaló que la DIRCOTE cuenta con una estrategia antisubversiva dirigida especialmente en la zona de VRAEM que es monitoreada por el Viceministerio de Orden Interno.

Sobre la captura de ciudadanos ecuatorianos, dijo que se realizó en mérito de la orden de ubicación y captura internacional que registran ante la INTERPOL, a requerimiento de autoridades judiciales ecuatorianas y no se produjo por órdenes de ninguna autoridad del Ministerio del Interior. “El uso de la fuerza fue proporcional al grado de resistencia ofrecida por los intervenidos de conformidad con el decreto legislativo 1186.

Basombrío anotó que el Ministerio del Interior no ha iniciado ningún proceso disciplinario puesto que la intervención del personal policial para la ubicación y captura de los ciudadanos ecuatorianos se ha efectuado en estricta aplicación del marco legal, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de estas personas.

En torno a que se venden celulares en la vía pública, sin requerir a los usuarios ningún documento de identidad, lo cual es aprovechado por los delincuentes, el ministro del Interior señaló que la PNP ha realizado más de 900 operativos en mercados ilegales (908 los locales de venta intervenidos, 9000 equipos de procedencia ilícita incautados y 9000 personas intervenidas y 603 las detenidas.

“En el marco legal anterior no existía una autoridad en seguridad pública con atribuciones para ordenar el bloqueo de chips y celulares”, expresó.      

El ministro del Interior afirmó que la PNP ha suscrito un convenio de colaboración con ASBANC  y anotó que de acuerdo al marco legal vigente, el Banco de la Nación puede ser receptor de servicios policiales extraordinarios, al igual que cualquier otro banco o institución bancaria o financiera, sea o no integrante de la ASBANC.

Dijo también que entre los años 2016 y 2017 se han abierto a nivel nacional 38 procesos administrativos disciplinarios contra personal policial por realizar servicios individualizados sin estar debidamente autorizados por el comando institucional y no existir previamente un convenio interinstitucional para la prestación de dichos servicios. (JON)

PRENSA CONGRESO 

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