Se inició la semana de representación del mes de noviembre y con ello actividades vinculadas a sectores importantes que afectan a la población. Al respecto, congresistas de la bancada Avanza País decidieron enfocarse en temas vinculados a salud y seguridad ciudadana.

Por ejemplo, la legisladora Karol Paredes Fonseca inició sus actividades de semana de representación reuniéndose con la alcaldesa del centro poblado Las Palmas, Liz Leveau, además de moradores de esa comunidad, para constatar la problemática de contaminación ambiental y lo serios daños a la salud pública que viene generando una empresa industrial, por los gases tóxicos que emana la fabricación de sus productos.

“Me comprometo a convocar una reunión inmediata al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) e instituciones vinculadas al tema para dar pronta solución que salvaguarde la salud de los pobladores de la zona”, dijo la parlamentaria.

La legisladora también participó en una audiencia sobre el estado situacional de las concesione forestales en la región San Marín, donde se conversó sobre las acciones que se vienen realizando en las concesiones vigentes, revertidas o en proceso. Asimismo, se dialogó sobre la extracción de madera, entre otros temas relacionados con la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre.

Estuvieron en la actividad la vicegobernadora regional de San Martín, Olguita Celiz Cruz; el alcalde provincial de Mariscal Cáceres, Esteban Irene; el alcalde provincial de Tocache, Vidal Gonzales; así como la consejera regional por San Martín, Jesica Hildebrandt. También participaron los representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la autoridad regional del ambiente y otros.

En tanto, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez visitó la recién inaugurada Unidad de Flagrancia de San Martín de Porres, ubicada en el jirón Verona, urbanización Fiori, cuya importancia radica en que son sedes judiciales especializadas  del sistema de justicia penal integrada por el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Defensa Pública), así como la Policía Nacional del Perú, encargados del conocimiento de los casos de delitos flagrantes tramitados como procesos especiales inmediatos.