Con la finalidad de impulsar la inmunización masiva y oportuna de la población y revertir la cifra de más de 180 mil fallecidos a consecuencia de la pandemia, el Pleno del Congreso aprobó, con 100 votos a favor y 2 abstenciones, la insistencia respecto de la autógrafa de la Ley que propone autorizar al sector privado y a los gobiernos regionales y locales la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

Se trata de la autógrafa de la ley que promueve la adquisición y provisión de la vacuna contra el SARS-CoV-2 como estrategia sanitaria de vacunación para garantizar su acceso oportuno.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual del miércoles 2, que estuvo conducida por la presidenta a. i. del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez Chuquilín.

La sustentación de la propuesta estuvo a cargo del congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), presidente de la Comisión de Economía, quien levantó las observaciones del Ejecutivo.

“El Ejecutivo señala que ya existe normativa vigente que regula la importación de vacunas. Al respecto debo señalar que la referida normativa regula una situación en un contexto de normalidad, pero la propuesta es de manera extraordinaria y temporal”, señaló Novoa.

Otra observación está referida a que se genera una doble autorización que acarrea una mayor barrera al privado y no cumpliría con el objetivo propuesto. “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, autoriza al sector privado en un plazo no mayor de siete (7) días calendario de presentado el expediente de la importación o adquisición de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2”, aseveró al respecto Novoa.

Otra observación se refiere a que la norma presenta ambigüedades sobre las condiciones y autorizaciones sobre las autorizaciones y condiciones que deben cumplir los gobiernos regionales y locales para el manejo adecuado de la vacuna.

“En coordinación con el Poder Ejecutivo se autoriza de manera excepcional y transitoria a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2, bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos y acreditaciones requeridas por el Ministerio de Salud a fin de garantizar la calidad en la expedición de las vacunas” expresó Novoa al considerarse un agregado.

Además, el Ejecutivo cuestiona el sentido de dar prioridad en la inoculación al personal de la empresa que adquiera los lotes de vacuna y los entrega al Minsa, porque transgrede el Plan Nacional de Vacunación con la priorización de la población vulnerable.

“Se debe tener en cuenta que se atenderá al personal de la empresa dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud”, indicó el legislador respecto de la observación.
Anthony Novoa indicó que también se incluye como una medida que “las entidades privadas que logren inmunizar de manera integral a sus trabajadores para la reanudación de sus actividades deben cumplir con las fases de la
reanudación de actividades establecidas en el Decreto Supremo N.° 080-2020-PCM y las sucesivas normativas que evalúe la Autoridad Nacional de Salud”.

Aclaró que la participación de sector privado es una forma de colaboración con el Poder Ejecutivo para que cuente con un mayor almacenamiento de vacunas para que pueda inmunizar a la población con mayor celeridad.

“La adquisición o importación de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 por el sector privado, previamente autorizada como lo dispone el artículo 2 de la presente ley, es puesta a disposición del Cenares tal como se establece en el numeral 2.1 y es considerada como gasto de la empresa privada, la cual es deducible del impuesto a la renta mientras dure la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 031-2020-SA, ampliatorias, modificatorias y las prórrogas subsecuentes”, subrayó el legislador.

Dejo precisado que la propuesta tiene por objeto garantizar una estrategia sanitaria para la adquisición y provisión de la vacuna contra el SARS-CoV-2, que permita la inmunización de toda la población peruana y para que acceda de manera oportuna dentro del esquema de prioridades establecido por el Ministerio de Salud.

El texto fue consensuado con la Comisión de Salud, Población y Familia.

“Lo que se busca es que se permita la inmunización de toda la población peruana conociendo que han muerto más de 180 mil personas, es decir, 2,5 veces más que la cifra que se tenía, situación que ubica a Perú como el país con la tasa más alta de mortalidad en la pandemia”, expuso Omar Merino López, presidente de ese grupo de trabajo al tiempo destacar que la propuesta repercutirá en revertir los nefastos efectos de la COVID-19 en nuestro país con una verdadera estrategia de vacunación para beneficio de la población.

Enseguida advirtió que a la fecha se han inmunizado con la primera dosis 2 millones 810 mil 628 personas y con la segunda dosis 4 millones 032 mil 904, lo cual indica que los esfuerzos del Ejecutivo son insuficientes, porque la campaña es lenta; por lo que se requiere la participación de los gobiernos regionales, locales y los privados

Durante el debate, la congresista Mónica Saavedra (AP) indicó que presentó uno de los proyectos de ley, cuya finalidad es permitir a los privados traer vacunas para inocular de una manera más rápida. “Exhortamos al actual Gobierno para que cierre los convenios y no pare la vacunación en los meses de agosto y setiembre”, pidió la legisladora.

Por su parte, el congresista Luis Castillo Oliva (PP) propuso que se forme una comisión de la verdad que permita determinar responsabilidades respecto de la cifra de decesos, en tanto que Manuel Merino de Lama (AP) estimó que seguramente terminaran denunciados por genocidio, porque no solo es eso sino también la falta de camas UCI, oxigeno, pruebas moleculares, entre otros.

En ese mismo sentido, se pronunció Wilmer Bajonero (AP), quien pidió sanciones drásticas para los responsables.

“Ayer se vacunaron a 38 mil personas. Así es imposible que a fin de año logremos que todos los peruanos estén vacunados. Necesitamos acelerar el proceso”, sostuvo Ricardo Burga (AP).

OFICINA DE COMUNICACIONES