Con la finalidad de reducir el número de muertes por COVID-19, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó, por unanimidad, el dictamen que reúne proyectos de ley y que propone la Ley que garantiza el acceso oportuno a la vacuna contra el SARS-CoV-2

Fue en la sesión virtual que se realizó el miércoles 14 y estuvo conducida por su presidente el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP).

“La presente ley tiene por objeto la autorización al sector privado y a los gobiernos regionales en la adquisición, importación, almacenaje, distribución, comercialización y aplicación de las vacunas contra la COVID-19”, señala la proyectada norma.

La autorización rige para todo el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos y las autorizaciones tributarias aplicadas para las vacunas. Además, las empresas privadas no pueden contravenir el artículo 234 del Código Penal.

Durante el debate, los congresistas Ricardo Burga (AP) y Jesús del Carmen Núñez Marreros (Frepap) plantearon que se incluya –además del sector privado y los gobiernos regionales– a los gobiernos locales, pedido que fue aceptado por el presidente de la Comisión de Economía.

OTROS PROYECTOS

Posteriormente, fue aprobado, también por unanimidad, el dictamen recaído en los proyectos de ley 6952 6973 y 7414 sobre la ampliación del plazo de acogimiento a la Ley N.° 31050.

“La propuesta recomienda ampliar hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de acogimiento al programa de garantías frente a la COVID-19, para la reprogramación de créditos de consumo personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y mypes, previstos en la ley que establece las disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las mypes como consecuencia del coronavirus, señala el dictamen en su artículo único.

En otro momento, fue aprobado, por mayoría, el dictamen recaído en el PL 6403, que suspende por cuatro meses el pago del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas (mypes), a fin de reactivas la economía nacional y superar los efectos económicos y financieros generados por la pandemia del SARS CoV 2.

El congresista Novoa Cruzado indicó que se trata de un apoyo fundamental a las micro y pequeñas empresas, porque si bien por parte de la Sunat se les está dando cierta facilidad, esperamos que a través de este proyecto –que esperamos se convierta en ley– sea más efectivo el apoyo para los emprendedores que han sufrido el impacto de la pandemia.

“Es de gran importancia apoyarlos, porque el tema de Reactiva no ha sido dirigido a ellos, sino han sido los bancos quienes han escogido”, subrayó Novoa.

En tanto que Ricardo Burga observó que el “no aprobar este proyecto es condenarlos al cierre, porque la propuesta está dirigida a empresa de bienes y servicios que no facturan más de un millón de soles, la micro y pequeña empresa”, concluyó.

INFORME SOBRE COMPETENCIA

En la sesión fue aprobada, por mayoría, la propuesta de Informe sobre el contenido y los alcances del artículo 1 de la Ley 28965, Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios.

“El Ministerio de la Producción considera que no es competente para emitir opinión sobre el contenido y alcance de la Ley 29865, aduciendo que es un tema de materia tributaria. Al respecto consideramos que el Ministerio de la Producción si tiene competencia, toda vez que la Ley 28965 establece, entre otros aspectos, lo siguiente: le otorga facultades para establecer los procedimientos respecto del combustible que se carga a los barcos pesqueros que desembarcan el atún en la planta industrial pesquera nacional, en particular cuando esta es de exportación”, señala una de las conclusiones

También, le concede competencia para establecer las infracciones y sanciones a quienes incumplan lo establecido en la ley y además le encarga –la ley– al Ministerio de la Producción el deber de informar anualmente sobre el resultado del procedimiento de extracción de estos recursos y que informe al Congreso sobre el procedimiento del volumen de exportación que se ha realizado.

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

La congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini (Frepap) tuvo a su cargo la exposición del PL 04887, Ley que impone un impuesto directo solidario a las grandes fortunas particulares, de grupos económicos y de empresas en general.

Dijo que propone imponer un impuesto directo solidario a las grandes fortunas de las personas naturales, jurídicas y grupos económicos, para la inclusión de los peruanos más pobres en la educación, la salud y la creación de trabajo productivo.

Otra propuesta similar es el PL 0516, que fue sustentada por la congresista Rocío Silva Santisteban Manrique del Grupo Parlamentario Frente Amplio.

Se trata de gravar a personas naturales, domiciliadas en el Perú, cuyo patrimonio supere un determinado monto de UIT, dijo la legisladora.

“Proponemos que sea por encima de las mil unidades impositivas tributarias (1000 UIT), esto es 4 millones 400 mil soles (1 218 836 dólares), comenzando con una tasa de 1 % hasta 5 % para montos superiores a 2100 UIT”, remarcó.

Aclaró que no se trata de gravar la renta ni el consumo, porque sobre ambos existen impuestos vigentes. “La idea es que al final del ejercicio tributario se calculen los activos que tiene una persona natural: inmuebles, vehículos de los tres últimos años, acciones y bonos, obras de arte, depósitos bancarios, otros títulos financieros que el reglamento de la ley precise, debiendo pagar el impuesto quien supere la base imponible mínima”, agregó.

De igual forma, el congresista Betto Barrionuevo Romero (Somos Perú) se encargó de exponer el PL 06615, Ley que crea el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna.

“Propone crear el impuesto de solidaridad sobre la fortuna al gravar el patrimonio personal de las personas naturales, de las sociedades conyugales y de las sucesiones intestadas mediante un impuesto progresivo”, indicó.

Finalmente, fueron sustentados otros dos proyectos de ley. El primero a cargo del congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez (Acción Popular), que es el PL 5787, Ley que faculta al Banco de la Nación subsidiariamente a realizar todas las operaciones de banca múltiple en el mercado financiero, en virtud del artículo 60 de la Constitución.
Mientras que el legislador Miguel Vivanco Reyes (Fuerza Popular) sustentó el PL 7020, Ley que establece la devolución de los montos sustraídos de las cuentas de los clientes de las empresas que forman parte del sistema financiero, y que ocurrió con la violación de los sistemas de seguridad.

OFICINA DE COMUNICACIONES