Por unanimidad ( 9 votos a favor), la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la congresista Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista), aprobó este martes el dictamen del recaído en el Proyecto de Ley N.° 12629/2025-CR, impulsado por el legislador Germán Tacuri Valdivia (bancada JPP-VP-BM).

La iniciativa declaró de interés nacional la creación del Área de Conservación Regional Los Cóndores del Cañón de Moyobamba, ubicada en el Valle de Sondondo, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, en Ayacucho.

El dictamen destacó la necesidad de preservar el hábitat del cóndor andino, una especie vulnerable cuyo rol ecológico resulta esencial en los ecosistemas altoandinos. Además, resaltó el valor paisajístico y turístico del territorio. El acuerdo establece que el Gobierno Regional de Ayacucho y el Sernanp liderarán las coordinaciones respectivas, junto con las comunidades indígenas. La propuesta obtuvo nueve votos a favor y se aprobó por unanimidad.

RÍO LLALLIMAYO EN PUNO

Más adelante, la comisión respaldó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 5486/2022-CR, presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi (bancada APP). El texto sustitutorio propone declarar de interés nacional el tratamiento, la descontaminación, la remediación y la recuperación de las fuentes y cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica del río Llallimayo, en Melgar, Puno.

La propuesta exige que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional y los municipios de la zona coordinen acciones inmediatas para proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los ecosistemas afectados por actividades humanas.

La votación se aprobó por unanimidad con 10 votos a favor.

ARCHIVO

En otro punto, la comisión decidió archivar el Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, de autoría del congresista Juan Carlos Mori Celis (bancada AP), que pretendía modificar la Ley 28736 sobre la protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

El análisis presentado por IDL y CORPIAA advirtió que la iniciativa vulneraba la Constitución al permitir revisiones periódicas que podrían extinguir reservas indígenas cada dos años, con lo cual se ponía en riesgo la vida y la subsistencia de los PIACI.

Los informes resaltaron que la propuesta debilitaba los principios de intangibilidad y no contacto, indispensables para pueblos con triple vulnerabilidad inmunológica, social y ambiental.

Según estas organizaciones, el proyecto podía incluso generar condiciones asimilables al actus reus del genocidio al subordinar el derecho a la vida al desarrollo económico. También señalaron que la Comisión Especial Revisora estaba diseñada para facilitar la eliminación de reservas al excluir la representación indígena y priorizar intereses sectoriales.

La comisión parlamentaria, tras evaluar estos argumentos, decidió rechazar la iniciativa y enviarla al archivo, con 9 votos a favor.

DENUNCIAS POR IMPACTO MINERO

Finalmente, el grupo de trabajo abordó el tema del impacto de la actividad minera en los recursos hídricos de la provincia de Huari, en Áncash. En la sesión participaron representantes del Midagri, Minem y OEFA, además de dirigentes del Comité de Usuarios de Agua de Atupa y Antahurán.

Los representantes comunales denunciaron que una empresa minera habría afectado el manantial que abastecía a sus sectores. “Nosotros sufrimos una problemática que viene desde 2005. La empresa minera nos ha secado nuestro manantial. El flujo tenía 29.14 litros por segundo. (…) No nos quieren reconocer. Pedimos apoyo de los congresistas, somos más de mil familias que estamos sufriendo escasez de agua”, manifestaron durante su intervención.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana del Minem, Esteban Víctor Raúl Vargas Peña, aseguró que su despacho activó un espacio de diálogo con los Comités de Usuarios de Agua. “Hemos trasladado una agenda concreta a las mineras que están en proceso de cierre para llegar a acuerdos con los CUA en un plazo de 45 días”, precisó.

Finalmente, los dirigentes recordaron que, en mayo, pobladores de Atupa y Antahurán tomaron las instalaciones de la minera Barrick como medida de protesta, luego de que la empresa abandonara la Mesa de Diálogo sin cumplir los compromisos asumidos. Denunciaron que el agotamiento del manantial Yarko dejó sin abastecimiento a unas 3,000 personas, lo que obligó a muchas familias a migrar hacia zonas urbanas. Por ello, solicitaron a la comisión que la compañía minera responda por los daños causados.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL