El Pleno del Congreso de la República dejó listo para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo la propuesta de ley que sustiutuye al Decreto de Urgencia 003-2017 para asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

Los beneficios de la futura ley son los siguientes: preserva la inversión de las empresas vinculadas a actos de corrupción (confesas e investigadas), garantiza la viabilidad de los proyectos y el cumplimiento de la cadena de pagos a favor de los trabajadores y de los proveedores, evita la pérdida de 26 mil empleos en las obras y 53 mil empleos en la construcción y establece una salida ordenada de las empresas consideradas corruptas.

Otra novedad es que incentiva a las empresas comprendidas en actos de corrupción a que suscriban acuerdos de colaboración eficaz en las investigaciones del Ministerio Público y consigna la responsabilidad mancomunada derivada de los actos de corrupción.

En la parte final del debate vespertino intervino el congresista Miguel Torres  (FP) quien aclaró que la principal agrupación política de oposición no es obstruccionista con respecto al Poder Ejecutivo y la prueba está en la participación de sus integrantes en las comisiones de Justicia y de Economía del Congreso durante el receso parlamentario -al igual que de los otras bancadas políticas- «porque nosotros sí ponemos el hombro a favor de la sociedad».

Antes intervino Luz Salgado (FP), quien manifestó que el dictamen en debate no contemplaba parámetros para el cálculo de la reparación civil a favor del Estado. «Ojalá que las empresas investigadas se acojan a estos beneficios. Se ha perdido un año», dijo. 

El presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi (PPK) cerró el debate aceptando algunas de las propuestas expuestas durante el debate matinal y vespertino.

En la primera votación se tuvo este resultado: 80 votos favor, 24 en contra y 7 abstenciones. Se exoneró la segunda votación con 75 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones. 

INICIOS DEL DEBATE

El Pleno del Congreso inició su sesión de hoy con el debate del proyecto de ley que logró el consenso de las comisiones de Justicia y de Economía: la propuesta que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano por parte de empresas inmersas en casos de corrupción y delitos conexos.

            El proyecto tuvo la aceptación de ambas comisiones por lo positivo de su contenido, dijeron los presidentes de ambos grupos, porque permitirá suplir los vacíos del DU 003-2017. Sin embargo, en el transcurso del debate (desde las 11 horas hasta las 2:10 pm, en que fuera suspendida), algunos congresistas cuestionaron su contenido.

            Algunos afirmaron que era “una ley con nombre propio” y que no iba a solucionar la corrupción en el país, entre ellos el congresista Yonhy Lescano, quien criticó abiertamente su contenido y la forma en la que se aprobó, además de ciertas críticas que no fueron aceptadas por la bancada de Fuerza Popular. Fue así que le solicitaron que retirase sus palabras que fueron consideradas ofensivas, a lo que se opuso el parlamentario de Acción Popular.

            La sustentación del proyecto sustitutorio estuvo a cargo del presidente de la comisión de Justicia, Salvador Heresi. Reconoció la labor de sus colegas porque luego de las seis sesiones conjuntas se logró un texto de consenso, pese a las discrepancias iniciales.

            Heresi comentó que el proyecto exige más seguridad y garantías y no interrumpe las obligaciones de las empresas afectadas y sancionadas, se garantiza el pago de reparación civil y no se romperá la cadena de pagos.

            Por su parte, Güido Lombardi, presidente de la comisión de Economía, comentó que el proyecto establecerá una salida ordenada por la crisis financiera de las empresas constructoras y hacer más transparente el accionar de esas empresas a través de programas de prevención del delito.

DEBATE

            Los primeros oradores fueron los congresistas Yeni Vilcatoma (NoA), Wilbert Rozas (FA) y Marisa Glave (NP). Vilcatoma dijo que aprobar el proyecto tal como está redactado sería un error; propuso que se aplique el Código Penal para los casos de corrupción y que las empresas investigadas y sancionadas no deberían contratar con el Estado. Si se aprueba el proyecto sería “una traición al Estado peruano”, afirmó, y pidió no saquen normas con nombre propio. Rozas Beltrán opinó que el proyecto permitirá que todos los corruptos “se laven la cara” y que de aprobarse va a crear un mal precedente. Dijo que con la ley no se va a incentivar ni promover la economía del país ni la colaboración eficaz o garantizar la reparación civil. Se trata de un esquema de salvataje a las empresas corruptas.

            Marisa Glave, por su parte, dijo que se trataba de un proyecto controvertido, que tenía contradicciones y que la norma regula una situación excepcional, no regular, y preguntó que si se va a seguir dando más poder al Ejecutivo.

            En el mismo sentido, el congresista Alberto Quintanilla afirmó que estaba en contra de que se ate al Estado y se dé garantías plenas al sector privado. Propuso que se cambie la modalidad de contrataciones.

            El congresista oficialista Gilbert Violeta dijo en su intervención que el proyecto garantizaba la cadena de pagos, la colaboración eficaz y el control concurrente de la Contraloría General en el trabajo de las empresas. Afirmó que durante el debate se hicieron más de 80 sugerencias y que la norma que se debate es sustancialmente mejor que el DU.

            También intervinieron los congresistas Marco Arana, Marisol Espinoza (“no puede haber leyes especiales para temas especiales”), Zacarías Lapa (“es una ley con nombre propio, para salvar a los empresarios que han robado al Estado”), María Elena Foronda y Alejandra Aramayo. Esta última expresó que se trataba de un régimen excepcional porque el tema de “Lava jato” es excepcional y que ha habido cuotas de ineficiencia en los controles que tiene que ser asumido por el Ejecutivo.

            Luego, entre otros, usaron de la palabra Wuiliam Monterola (propuso que un 30% del fondo por reparación civil –previamente determinado por el juez- se destine a proyectos de inversión a los departamentos más pobres del país); Víctor García Belaunde (preguntó a quiénes está beneficiando el proyecto de ley. Dijo que tenía varias observaciones porque había una serie de entuertos), Octavio Salazar, Jorge Del Castillo (“no está claro la prelación de pagos”, dijo, para afirmar luego que había incoherencias en su contenido); y Yonhy Lescano (dijo que la norma era una ofensa al país y que se había dado una ley para los corruptos).

            Luego de las intervenciones de los congresistas Hernando Cevallos, Edwin Vergara (reclamó auditorías para las concesiones, pero frente al beneficio de la duda, anunció que FP apoyará el proyecto); y de Tania Pariona.

CENTRO DE NOTICIAS

PRENSA-CONGRESO   8-3-18

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