Por mayoría fue archivada el martes 29 de enero la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry presentada por el procurador anticorrupción, Amado Enco.

            La denuncia N° 262, que fue tomada como propia por el congresista Gino Costa (BL), planteaba investigar también a los vocales supremos Aldo Martín Figueroa, Martín Alejandro Hurtado Reyes y Gonzalo Romero de la Puente. Además, a los fiscales supremos Víctor Raúl Rodríguez Monteza y a Tomás Aladino Gálvez Villegas.

            Fueron cuatro votos a favor y tres en contra del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que había recomendado declarar procedente por encontrar razones para someter el caso a investigación.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

            De otro lado, por tráfico de influencias y omisión de denuncia fue declarada procedente la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas presentada por las congresistas Maritza García  Jiménez y Lizbeth Robles Uribe, ambas pertenecientes a la nueva bancada Cambio 21.

            Así lo estimó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista  César Segura (FP), en forma unánime durante su octava sesión extraordinaria en la que se acordó solicitar a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio para realizar los actos correspondientes.

            Una segunda parte de la denuncia formulada por las dos legisladoras fue declarada improcedente, por mayoría, y en consecuencia su archivamiento por una serie de argumentos, entre ellos, que no le corresponde cuestionar resoluciones de un ente autónomo.

            La denuncia N° 243 comprende la  acusación de comisión de delitos de cohecho activo específico, peculado doloso, falsificación de documentos, fraude procesal, abuso de autoridad y organización criminal.

            A pedido del congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA) fue excluida del caso Susana Guerrero, esposa del fiscal supremo Gálvez Villegas, “por haber sido involucrada solo por ser consorte del magistrado”.

            El grupo de trabajo también declaró improcedente en forma unánime y su archivamiento respectivo, las denuncias 135, 150,156 y 158 formuladas por los ciudadanos Raúl Clemente Flores Díaz,  José Gregorio Flores Torres y César Jordán Boleje, respectivamente, contra el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, jefe de la Oficina de Control Interno. Las acusaciones constitucionales fueron por prevaricato e incumplimiento de funciones.

            La Subcomisión las archivó porque en la mayoría de los casos los acusadores no fueron los directamente agraviados o porque no precisaron las causales de los hechos o porque no compete a este grupo de legisladores abocarse al caso.

            Igual suerte corrió la denuncia constitucional N° 208 presentada por el ciudadano Elipio Héctor Palomino Prado, en contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas.

CASO GARCÍA PÉREZ

            El titular de la Subcomisión, Segura Izquierdo, citó  a los integrantes de este grupo de trabajo para mañana miércoles a las 11.30 horas para debatir y votar las propuestas de los informes que se iban a tratar el lunes 28, entre ellos las denuncias contra el expresidente Alan García Pérez y el ex presidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM),  Guido Aguila Grados.

            Asimismo, las acusaciones constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y el ex Ministro del Interior, Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias, entre otros. (MED).

 PRENSA CONGRESO