La Comisión Agraria, que preside el congresista Raúl Machaca Mamani (Frepap), aprobó, por mayoría, el dictamen que propone promover el uso prioritario y sostenible del guano de las islas para la agricultura familiar.

La propuesta no irroga gasto alguno al erario nacional, por el contrario, busca contribuir con el bienestar general y el desarrollo sostenible a nivel nacional, por lo que se declara de necesidad y prioridad la distribución proporcional del guano de isla a la pequeña agricultura.

Según el texto de la propuesta, la meta a corto plazo es crear y liderar un país rico en guano orgánico y con elevadas propiedades de nutrientes y componentes necesarios para el cultivo agrícola que están en toda la costa peruana, denominadas islas e islotes guaneros.

También, señala que en el Perú existe gran demanda de fertilizantes orgánicos de bajo costo, en total cerca de 586 600 mil hectáreas son de cultivos orgánicos. La producción de guano proyectada para el 2018 fue de mil toneladas aproximadamente, que apenas cubre el 7 % de la demanda.

Al respecto, el congresista Mártires Lizana Santos (FP) expresó su preocupación por la creación de un instituto que contempla la propuesta, toda vez, que ello tendría que hacerlo el Poder Ejecutivo y no el Congreso por no estar facultado.

El parlamentario Rolando Campos Villalobos (AP) consideró de importante la iniciativa y exhortó a que en la misma se pueda considerar el desarrollo de la agricultura orgánica que tiene mucha aceptación en el Perú y el mundo.

Agregó que la propuesta debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) como ente rectore de ver la agricultura, mas no del Ministerio del Ambiente (Minam).

CABECERAS DE CUENCA

La comisión también aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el represamiento de agua en cabeceras de cuenca.

El titular del grupo de trabajo señaló que la propuesta tiene por alcance asegurar la sostenibilidad en la provisión del recurso hídrico para consumo humano y riego destinado a la agricultura.

Indicó que se debe tener en cuenta la importancia de las cabeceras de cuencas en sus diferentes formas, las que dan origen o nacimiento a los cauces de los ríos y allí radica su importancia para la protección, preservación y aprovechamiento de estas aguas especialmente para fines agrícolas.

“Téngase en cuenta además que estas cabeceras de cuenca más allá del recurso hídrico también albergan importantes ecosistemas con una fauna determinada y con una vegetación característica”.
Aseguró que las cabeceras de cuenca hacen referencia a las partes más altas de las cuencas que reciben agua por neblina, lluvia, nieve, granizo y que además tienen el potencial de retener y acumular agua.

Machaca dijo que en nuestro país las cabeceras de cuenca se encuentran en peligro constante y que se tiene como referencia la alerta que dio en julio de 2020 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Señaló que, debido a los efectos del cambio climático, el Perú perdió más del 51 % de su superficie glacial en los últimos 50 años.

Por su parte, el parlamentario Jesús Arapa Roque (NC) solicitó que pueda incorporarse las licencias sociales que van a tener los departamentos que serán beneficiados con estos represamientos, toda vez, que existen problemas de delimitación territorial en todo el país.

“Es importante no generar conflictos sociales. La ley tiene que ser expresa y clara para no crear conflictos a partir de la aprobación de esta norma”, sostuvo.

Jorge Vásquez Becerra (AP) consideró que la propuesta es muy genérica, ya que no será posible hacerlo en todas las cabeceras de cuenca, mucho más dentro de la política agraria que ya está establecida.

Previamente, la Comisión Agraria escuchó la ponencia de Américo Valderrama Peña, presidente de la Asociación de cañicultores del Valle Santa Catalina, quien expuso sobre la problemática de los cañeros y propuestas de los pequeños agricultores.

Valderrama Peña sostuvo que se han instalado en promedio 160 mil hectáreas de caña de azúcar en el país y que ese crecimiento se ha logrado teniendo como aliados estratégicos a las empresas agroindustriales que les otorgan préstamo.

Indicó que en Virú se ha instalado a la fecha 4400 hectáreas; mientras que en el Valle de Santa Catalina, 1400 hectáreas de caña de azúcar.

Consideró que el Proyecto de Ley N.° 6800 que crea el registro de productores de caña de azúcar y establece sanciones para los productores que realizan la quema de este están perjudicando la salud de la población, y el ambiente es lesivo, porque desaparece los sembríos de los agricultores que están instalados a un kilómetro de los aeropuertos, de las vías de comunicación.

“De aprobarse esa normativa, se generaría un caos social. Nuestros hermanos agricultores serán los perjudicados, además de nuestros ingresos”, sostuvo.

Sobre el mismo tema, el congresista Rolando Ruiz Pineda (AP) indicó que la quema de caña no está normada, por lo que se debe analizar para dar un juicio con valor a una ley que puede beneficiar a más de 40 mil cañicultores.

“Es importante ver los pro y contra, ver de qué manera favorecemos a nuestros caficultores, pero cuidando también su integridad física. Hay que perfeccionar nuestras normas para que no caiga en saco roto y no lo observe el Ejecutivo”, indicó.

Finalmente, el congresista Miguel Ángel Vivanco (FP) sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la represa Yomobamba, en la provincia de Otuzco.

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