El Pleno del Congreso desestimó las observaciones del Poder Ejecutivo y aprobó con 92 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, la autógrafa que propone permitir la reevaluación de sus casos a los extrabajadores despedidos por ceses colectivos, que se acogieron al procedimiento de revisión establecido por la Ley N.° 30484 y que no fueron incluidos.

Con la aprobación de la autógrafa, será el Poder Legislativo el que promulgue la ley, puesto que la insistencia no requiere de una segunda votación.

Antes, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), defendió la propuesta de insistencia de ese grupo de trabajo legislativo, respondiendo a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo.

El parlamentario sostuvo que el dictamen aprobado, en la sesión del 11 de mayo del presente año en forma unánime, recoge seis proyectos de ley que no generará gasto adicional; porque al evaluarse los casos y ordenarse las reincorporaciones y otras medidas se asistirá con los presupuestos de las entidades ya asignados para las mismas.

“Asimismo, las entidades pueden reorganizar sus gastos a fin de dar cumplimiento a la ley. Ello va acorde con los principios constitucionales de protección social e irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores. No podemos aceptar que el propio Estado nos diga que, por su ineficiencia en la distribución y administración de los recursos públicos, tenemos que resignarnos a la violación de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

De otro lado, con relación a la observación referida a que, si se reabriera un proceso cerrado por la ley, se generaría una situación de inseguridad jurídica, Oseda Yucra respondió que el principio de seguridad jurídica debe optimizare si se quiere ordenar una comunidad para lograr una sociedad justa y equitativa.

“Es un hecho que existen leyes injustas e inequitativas, y es allí donde el Poder Legislativo tiene que cumplir su deber para corregir asuntos, como la desigualdad, la discriminación y la arbitrariedad”, aseveró.

Recordó que en la década de los 90 se inició un proceso de despidos masivos que afectó a más de 300 mil trabajadores del sector público, para lo cual se aplicó decretos supremos, los cuales, dijo, iban en contra del ordenamiento constitucional establecido en 1979, vigente en ese momento.
Indicó que, posteriormente, se reguló el proceso y se determinó la irregularidad de los despidos, “pero que aún ha quedado pendiente reclamos de una revisión de casos que no accedieron a las listas, pero que mantienen sus derechos intactos”.

Los autores de las propuestas son los congresistas Alcides Rayme Marín y María Céspedes Cárdenas del Frepap y Roberto Chavarría Vilcatoma (UPP). Mientras que del periodo anterior los autores son los siguientes exlegisladores: Zacarías Lapa Inga (FA), Jorge Castro Bravo (FA) y Marisa Glave Remy (NP).

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