Sin observaciones por parte de los integrantes, la Comisión Investigadora de la ejecución presupuestaria de los programas sociales, organismos públicos descentralizados y organismos supervisores del país, aprobó su reglamento que normará la organización y funciones para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La presidenta del grupo, congresista Katy Ugarte Mamani (BMCN), condujo la sexta sesión extraordinario.

El reglamento aprobado establece que las actividades estarán orientadas a la investigación de la ejecución presupuestal de programas sociales, organismos públicos descentralizados y organismos supervisores.

En esa línea, son funciones de la comisión investigadora fiscalizar la labor de las autoridades y funcionarios públicos de los sectores relacionados con las labores de este grupo de trabajo; acordar la presencia de los ministros de Estado y funcionarios para que sustenten o esclarezcan asuntos de la materia de investigación.

Asimismo, acordar la incorporación en la estación del orden del día de la agenda los temas que consideren urgentes o de interés nacional en relación con los tópicos de investigación; acordar todas las acciones que correspondan a su finalidad y competencia, así como las que se le asigne por ley o por acuerdo del Pleno del Congreso, en relación y complementariamente también al Manual de Comisiones Investigadoras.

Las sesiones deben realizarse en forma presencial y excepcionalmente en forma semipresencial, los miércoles y, si se requiere, llevar a cabo audiencias descentralizadas.

Integran la comisión los congresistas Héctor Valer Pinto (SP), Esdras Ricardo Medina Minaya (RP), Pasión Dávila Atanacio (BS), y Janet Milagros y Rivas Chacara (PL).

Cabe indicar que el origen de la comisión fue la Moción de Orden del Día 12845 presentada el 22 de agosto de 2024, y aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 14 de diciembre.

De acuerdo con el texto sustitutorio, aprobado por el Pleno, la comisión tiene un plazo de 250 días hábiles, contados desde el 19 de marzo del año en curso, fecha de su instalación, para determinar las posibles responsabilidades penales, civiles, administrativas o constitucionales a que tenga lugar las autoridades, funcionarios y servidores públicos involucrados.

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