La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidido por el vicepresidente de la Comisión de Constitución, Luis Ángel Aragón Carreño (bancada AP), aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 5848/2023-CR y 3950/2022-CR, que dispone la publicación de los avisos de curso legal del Parlamento en la versión electrónica del Diario Oficial El Peruano, medida que permitirá reducir costos, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la transformación digital del Estado.

La propuesta legislativa incorpora una tercera disposición complementaria final en la Ley 31577, norma que regula la numeración y publicación de las leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso.

Durante la sustentación, Luis Ángel Aragón Carreño, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de eliminar gastos innecesarios derivados de la publicación física de avisos de curso legal, cuando ya existe la alternativa digital del Diario Oficial El Peruano Electrónico, la cual tiene el mismo valor legal y garantiza plenamente la publicidad y eficacia jurídica de dichos actos.

Indicó que la falta de una disposición expresa que habilite la publicación virtual obligaba al Congreso a recurrir a la edición impresa, generando costos elevados y prácticas desalineadas con los principios de simplificación administrativa, modernización del Estado y transformación digital.

En esa línea, el congresista José Luis Elías Ávalos (bancada APP), autor de la iniciativa legislativa 5848/2023-CR, destacó que la medida permitirá optimizar el gasto público sin afectar la transparencia ni la seguridad jurídica, principios que deben regir toda actuación oficial del Estado.
Durante el debate parlamentario, la congresista Gladys Echaíz Ramos (bancada HyD) propuso precisar en el texto que la publicación digital tendrá el mismo valor que la realizada en la versión impresa del diario oficial, con el objetivo de despejar cualquier duda respecto a su validez legal ante la ciudadanía. Propuesta que fue recogida por la comisión.

Por su parte, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (bancada AvP) recordó que en 2023 presentó una iniciativa para que el Boletín Oficial y la separata de Normas Legales también sean publicadas de manera virtual, señalando que la digitalización de las publicaciones oficiales representa un avance necesario hacia un Estado más eficiente y menos costoso. En ese sentido, solicitó que su Proyecto de Ley 3950/2022-CR sea acumulado al dictamen aprobado.

Asimismo, el congresista Wilson Soto Palacios (bancada AP) resaltó que, en un contexto global marcado por la digitalización, esta medida permitirá generar un importante ahorro para el Estado.
En la misma línea, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP) sostuvo que el uso del papel viene disminuyendo de manera sostenida en los últimos años, mientras que el acceso a la información a través de plataformas digitales continúa creciendo, por lo que las publicaciones oficiales deben adaptarse a las nuevas formas de comunicación y acceso ciudadano a la información.

DECRETOS LEGISLATIVOS
En otro momento, los miembros de la comisión aprobaron por mayoría (11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) el dictamen recaído en el Decreto Legislativo 1604, que modifica el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el debate, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, señaló que la discusión en torno a esta norma resulta innecesaria desde el punto de vista jurídico y constitucional, al recordar que el Tribunal Constitucional ya ha declarado su constitucionalidad.

Precisó que la Ley 32130, que devolvió a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar, fue previamente evaluada y declarada conforme a la Constitución por el máximo intérprete de la Carta Magna.

En ese mismo sentido, indicó que el Decreto Legislativo 1604, que también restituye determinadas funciones de investigación a la Policía, ha sido igualmente declarado constitucional por el Tribunal Constitucional.

En esa línea, sostuvo que insistir en el debate jurídico sobre esta materia carece de fundamento, pues el pronunciamiento del Tribunal Constitucional zanja la controversia legal.

Asimismo, recordó que, tanto históricamente como en la práctica comparada a nivel internacional, la Policía realiza la investigación criminal, mientras que el Ministerio Público conduce la acción penal y procesa los casos ante el sistema de justicia.

La congresista Gladys Echaíz (bancada HyD) sostuvo que su posición se basa en la defensa de la Constitución y señaló que el Tribunal Constitucional no declaró la norma como constitucional o inconstitucional de manera absoluta, sino que dispuso una interpretación que no afecte el contenido constitucional. En ese sentido, consideró que la Policía debe realizar las investigaciones bajo la supervisión jurídica del Ministerio Público, conforme lo establece la Carta Magna.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez Gallegos (bancada FP) defendió el informe de la Subcomisión de Control Político y recordó que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, por lo que sus decisiones deben ser respetadas. Indicó que existen dos pronunciamientos del Tribunal sobre esta materia y afirmó que actuar conforme al ordenamiento jurídico y a dichos fallos es fundamental para garantizar el Estado de Derecho.

A su turno, el congresista Wilson Soto (bancada AP) coincidió en que, al haberse pronunciado el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la norma, corresponde respetar sus decisiones, independientemente de las posiciones personales que puedan existir sobre el tema.

De igual manera, la comisión aprobó los decretos legislativos 1605, 1606, 1607, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618 y 1619, con 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Finalmente, los miembros de la comisión escucharon la sustentación del proyecto de ley 14087/2025-CR, que establece requisitos de aptitud personal para el acceso a cargos públicos de elección popular, de autoría del congresista Guido Bellido Ugarte (bancada PP).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL