La Comisión de Mujer y Familia que preside la congresista Carolina Lizarraga Houghton (PM), aprobó por mayoría el predictamen recaido en el proyecto de ley 5151/2020-CR, Ley que propone modificar el artículo 17-A de la Ley 30654, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y feminicidio en los supuestos de flagrancia.

La parlamentaria Arlette Contreras (NoA), autora de la iniciativa legislativa, señaló que la norma busca promover la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y garantiza su acceso a la justicia incorporando la simplificación procesal a través de la incoación del proceso inmediato para los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y el feminicidio en los supuestos de flagrancia.

“La propuesta busca modificar la Ley 30364 para incorporar la incoación del proceso inmediato por los casos de violencia por los casos de violencia familiar sean estos de riesgo leve, moderado o sever”o, según correspondan.

“Asimismo, modificar el Código Procesal Penal para permitir la incoación del proceso inmediato en casos de feminicidio por flagrancia”, señaló la Contreras.

Agregó que su propuesta protege el derecho a una vida libre de violencia, garantiza el acceso a la justicia, aplica la celeridad procesal, aplica la simplificación procesal, evita la revictimización y promueve la debida diligencia reforzada.

“Solo durante la cuarentena, la línea 100 del MIMP ha recibido ya cerca de 70 mil denuncias por casos de violencia contra las mujeres, niñas y niños, de este total 17 mil casos fueron reportados por violencia y abuso sexual contra menores de edad, además de 513 casos de violencia sexual contra niñas. Durante esta cuarentena, 557 mujeres fueron reportadas por desaparecidas, de ellas 355 niñas. El 78 % de la trata de personas son mujeres, el 31 % de las mujeres no tienen autonomía económica”, argumentó.

A su turno, la congresista Rita Ayasta (FP) consideró importante la propuesta, sin embargo, advirtió que en caso el fiscal califique como complejo el proceso debido a la cantidad de delitos cometidos por las diligencias que habría que practicar o por diligencias en el exterior y se obliga al fiscal a incoar en proceso inmediato, más adelante el proceso se puede anular.

“Yo creo que en vez de lograr un proceso efectivo se podría lograr el efecto contrario y alargar el proceso e incluso volver a foja cero, al no haberse cumplido con todas las negligencias”, señaló.

En tanto, la congresista Matilde Fernández (SP) se mostró a favor de la propuesta y solicitó que la misma sea agendada para su análisis y debate en el Pleno temático Mujer, que se realizaría el próximo 10 de julio.

El grupo de trabajo también recibió al director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Fredy Hernán Hinojosa Angulo, quien disertó sobre la situación del programa que dirige en el marco del estado de emergencia nacional declarado a causa de la pandemia de covid-19.

El funcionario señaló que, durante el proceso de la cuarentena, Qali Warma reactivó el servicio alimentario escolar con la entrega de alimentos crudos en las II.EE. a los padres apoderados para su preparación en casa. Asimismo, en una acción coordinada con el Ministerio de Educación se complementó la entrega de materiales educativos.

Previamente, la Comisión de Mujer y Familia también escuchó en su sesión virtual la exposición de la señora Carolina Aurelia Cubas Rodríguez, directora General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien explicó la situación de los comedores a nivel nacional en el marco del estado de emergencia nacional declarado a causa de la pandemia.

Lima, 6 de julio de 2020

PRENSA – CONGRESO