La Comisión de Constitución aprobó, con un texto sustitutorio, el dictamen del proyecto de resolución legislativa que busca desincentivar la fragmentación de los grupos parlamentarios (conocido por otros como el transfuguismo), para lo cual  se modifican los artículos 22, 37 y 76 del Reglamento Interno del Congreso, que se refieren a los derechos funcionales de los legisladores, de los Grupos Parlamentarios y los requisitos para la presentación de los proyectos de ley y otras iniciativas.

            El debate se basó, inicialmente, en un informe en minoría que presentó el congresista Miguel Castro Grández (luego que fuera rechazado uno en mayoría que propuso el congresista Yonhy Lescano). Castro dijo que el transfuguismo es una tendencia que se da también en Parlamentos de otros países, que lo que se busca es que los grupos parlamentarios regulen su conducta interna y despersonalizar los partidos. El transfuguismo, señaló, “es una traición al grupo parlamentario”.

            Por su parte, Lescano Ancieta dijo que la propuesta era inconstitucional y que trasgredía los derechos de los congresistas. Los informes provinieron del Grupo de trabajo de reforma del Reglamento Interno.

            Al respecto, hubo un primer debate durante el cual se comentó que la iniciativa tenía como propósito proteger la voluntad popular y que las sanciones que se impondrán son para aquellos congresistas que se aparten de sus agrupaciones políticas iniciales y que se trataba de una “herramienta disuasiva”.

            “No se busca sancionar el transfuguismo, sino establecer nuevas reglas en la conformación de los grupos parlamentarios y crear estabilidad institucionalidad en los partidos”, explicó el presidente de la comisión, Miguel Ángel Torres Morales (FP).

            También se comentó que para el congresista tránsfuga hay otras sanciones como la acusación constitucional, la inhabilitación, prisión efectiva y sanciones internas.

            La congresista Úrsula Letona (FP) afirmó que era necesario preservar la identidad del grupo parlamentario y que había argumentos que no se ajustaban a la realidad; mientras que su colega de bancada, Luis Galarreta consideró que la norma propuesta también busca que los candidatos piensen bien antes de ingresar a un partido político.

            En el debate participaron prácticamente todos los miembros de la comisión. Al final, por mayoría (12 a favor, 5 en contra) se aprobó el texto sustitutorio que mantiene los derechos de los congresistas (a elegir y ocupar cargos), pero los que se aparten del grupo parlamentario inicial no podrán constituir una nueva bancada o adherirse a una de las existentes, solo en el caso de las alianzas electorales que hayan decidido disolverse luego de las elecciones generales.

Por otro lado, quedó postergado el debate del proyecto de  reforma constitucional para crear la Procuraduría General de la República en espera de que el Ministerio de Justicia y otros organismos se pronuncien sobre el tema. Al respecto, el presidente de la comisión dijo que insistirán en los pedidos porque han pasado 20 días y no han recibido ninguna respuesta, decisión que fue compartida por el congresista Alberto De Belaunde (PpK).

            En un breve debate, quedó claro que los procuradores se encargan de la defensa jurídica del Estado en aquellos casos que les asigne; que se trata de una iniciativa viable y que era importante que sea un organismo constitucional autónomo y con todas las prerrogativas de los otros organismos.

            Para el congresista Mauricio Mulder (Apra) se trata solo de modificar el DL 1068, que crea la Procuraduría y donde está establecida la autonomía.

            La congresista Yeni Vilcatoma, autora de una de las iniciativas, dijo que la ministra de Justicia ya destacó la trascendencia de la creación de la Procuraduría y que se trataría de un ‘hecho histórico’ su inclusión constitucional. El mensaje que ha dado el Estado, agregó, es que se requiere urgentemente de este organismo y que se trataba de una propuesta meramente técnica. Defendió la autonomía y propuso que la elección estaría en manos del Consejo Nacional de la Magistratura.

            Héctor Becerril (FP) opinó que la ministra Pérez Tello había dado ya un mensaje al nombrar como procuradora a la doctora Julia Príncipe, que “todos los congresistas vamos en el mismo sentido”, y que la duda era quién iba a nombrar al procurador porque podría haber injerencia política en su nombramiento.

            Javier Velásquez Quesquén (Apra) señaló que no se podía precipitar una reforma constitucional, que habría que ‘pensarlo bien’ y que no era conveniente derogar el decreto legislativo. Dijo que faltaban opiniones sobre este tema.

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