Por unanimidad, la Comisión de Salud y Población aprobó el dictamen -con texto sustitutorio- que propone la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional con la finalidad de establecer un marco legal para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, desarrolle políticas públicas sobre la materia.

Fue en su sesión de hoy miércoles 9, con la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y del Ministerio de Agricultura y Riego, quienes coincidieron al opinar a favor de la propuesta.

Aitor Las, de la FAO, saludó la decisión de dicha comisión de elaborar el dictamen no sólo por su contenido sino por la forma como se realizó de manera participativa. “Está en línea con el derecho internacional sobre la materia. Ocho países ya tienen esta ley”, resaltó.

Por su parte, Santos Jaimes Serkovic, representante del MINAGRI,  resaltó que seguridad alimentaria y nutricional tienen como base a la agricultura familiar que desarrolla el agricultor de menores recursos económicos. “Estamos plenamente de acuerdo  con esta propuesta”, remarcó.

La iniciativa aprobada establece 13 lineamientos de acción para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, entre ellos alentar una producción de alimentos sostenible y diversificada, incentivando la productividad, luchando contra las plagas y conservando los recursos naturales.

También promueve que los alimentos disponibles sean saludables y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes a la población y alienta la investigación científica, tecnológica y productiva, pública y privada, en materia de agricultura, ganadería, forestal, pesca y manejo sostenible de recursos naturales.

PERSONAL DE SALUD

En otro momento, por unanimidad la comisión aprobó el dictamen mediante el cual se propone una ley que incorpora al personal de la salud de las universidades públicas en el ámbito de la aplicación del Decreto Legislativo 1153.

A la sesión asistieron representantes de la Asociación de Profesionales de la Salud de las Universidades Públicas, quienes coincidieron en pronunciarse a favor de la propuesta porque -según dijeron-  se trata de un tema de justicia y equidad.   

“Estos profesionales se encuentran en una situación crítica, se les ha discriminado en la parte remunerativa. Se trata de una situación de discriminación y exclusión que no debe continuar”, dijo Fernando Lombardi, representante del gremio.

En el mismo sentido se pronunció el congresista Segundo Tapia Bernal (FP), autor de la propuesta, quien explicó que, por ejemplo, en la UNI hay un tópico para la atención de docentes y estudiantes cuyo personal de salud, por encontrase fuera de los alcances del DL 1153 y por no depender de la propia universidad, dejan de percibir beneficios económicos.

“Se trata de un tema de justicia, de equidad y de no discriminación que alcanza a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Es un tema que no generará ni un sol de gasto al erario nacional”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la congresista Leyla Chihuán Ramos (FP) dijo que se tiene que superar la inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad. Con ello coincidió su colega Rosa Bartra Barriga (FP), quien dijo que el DL 1153 discriminó a los profesionales de la salud de las universidades públicas privándolos de beneficios. “Tenemos que aprobar la propuesta porque es un acto de justicia, de igualdad y equidad laboral”, concluyó la legisladora.

MINISTRO DE DEFENSA

La Comisión aprobó también invitar para una próxima sesión al  ministro de Defensa, Mariano Gonzales, a fin de que informe sobre la situación de los hospitales de las Fuerzas Armadas. Fue a pedido de la congresista Milagros Salazar de la Torre (FP).

Finalmente, la comisión programó realizar una sesión descentralizada en Cajamarca el próximo 25 de noviembre.

PRENSA CONGRESO