La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la legisladora Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), aprobó por unanimidad (13 votos a favor), el dictamen del proyecto de ley 1379/2021-CR que propone la Ley que regula la indemnización por daños ambientales.

La iniciativa tiene la finalidad de contribuir en la resolución de los procesos judiciales sobre esta materia y en línea con lo exigido por el ordenamiento jurídico, según el cual los titulares de cualquier proyecto de inversión o actividad, son responsables por los daños ambientales que generen por acción u omisión debiendo asumir el costo de los daños que genere sobre el ambiente, el cual comprende la reparación del ambiente y la indemnización económica correspondiente.

Para ello se plantea modificar el artículo 147 de la Ley General del Ambiente, respecto a la reparación del daño, incorporando el siguiente texto: “La indemnización comprende la reparación del daño emergente, lucro cesante o daño moral comprendiendo también el interés legal correspondiente”.

De igual manera, el grupo aprobó con 08 votos a favor, 01 voto en contra y 05 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 5579/2022- CR y 5960/2023-CR que propone la Ley que regula el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible.

El texto establece el marco legal del ordenamiento territorial irregular, el régimen jurídico institucional del proceso de ordenamiento y la gestión de territorio mediante políticas, planes, programas y estrategias de alcance nacional regional y local.

En este sentido, plantea crear un sistema nacional de ordenamiento territorial como sistema funcional que permita generar un marco normativo bajo la rectoría del Ceplan, así como la creación de una plataforma nacional de información territorial como instrumento para la gestión de la información sobre ordenamiento territorial.

Seguidamente diversos congresista cuestionaron la falta de acciones de remediación ambiental frente al derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero de 2022.

La presidenta de la comisión calificó de muy grave la situación, pues ha pasado más de un año y a la fecha no se tienen planes de remediación. Agregó que lo único que se tiene son planes incompletos presentados por la empresa, lo que evidencia su falta de voluntad. “Seguimos sin planes de remediación, sin playas aptas, con más de 300 organizaciones solicitando acciones urgentes, entonces ¿Qué va hacer el gobierno?”, cuestionó.

El legislador Isaac Mita Alanoca (PL), lamentó también la lentitud en las acciones adoptadas por parte de las entidades involucradas, “La población está marchando por el resarcimiento de daños y los funcionarios también deberían ser penalizados por no haber accionado en su momento”.

A su turno el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), cuestionó la falta de interés de las autoridades por atender esta grave situación, a su vez solicitó un informe sobre la instalación de una mesa de diálogo con los sectores afectados y las sanciones administrativas y penales que se han interpuesto a los responsables directos o indirectos.

Así lo dieron a conocer los legisladores, luego de la presentación de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien se presentó junto a Julio Poquioma Shaffer, viceministro de Hidrocarburos y Lázaro Fajardo Vargas, director general de Hidrocarburos, con quienes brindó un informe a la comisión, sobre las acciones de supervisión, monitoreo y fiscalización de la remediación ambiental del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla.

Ministra de cultura

En otro momento, ante la comisión parlamentaria se presentó la ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, quien sustentó el proyecto de ley 6311, Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial, iniciativa presentada a propuesta del Poder Ejecutivo.

La titular de Cultura, destacó la necesidad de un marco normativo que refuerce las acciones de prevención y sanción, y que ayude así a erradicar el racismo en el Perú, impulsando el tema de la prevención y protocolos normativos bajo un marco legal general.

“De ser aprobado, vamos a mejorar los mecanismos de las denuncias y sanciones, pues estamos incluyendo la figura del delito de difusión de ideas de odio étnico-racial, con una pena de hasta tres años de cárcel”, agregó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL