La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó, por insistencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 138/2021-CR, que propone una Ley que establece medidas para la expansión de control concurrente, observado por el Poder Ejecutivo.

Fue el miércoles 20 durante la sesión virtual de ese grupo de trabajo, que preside el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP). La votación de la propuesta alcanzó 18 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El objeto de la propuesta es aplicar el control concurrente a inversiones y contrataciones de bienes y servicios u obras que generen desembolsos de recursos públicos, garantías financieras y no financieras, cuyos montos superen los 50 millones de soles.

El legislador Aguinaga Recuenco asumió el compromiso de generar una nueva ley multipartidaria de efecto vinculante que ejerza la labor de control.

“Quien controla a los controladores es un compromiso multipartidario, y tenemos que trabajar en un proyecto sobre el efecto vinculante”, refirió.

El anuncio lo hizo luego de escuchar las diversas opiniones de sus colegas parlamentarios, quienes se mostraron en su mayoría a favor del control concurrente. Sin embargo, otros votaron en contra para otorgar el 2 % del valor total de una obra que excede los diez millones de soles, desde su formulación y evaluación.

Por su parte, la parlamentaria Susel Paredes Piqué (SP-PM) se mostró a favor de la norma propuesta por la Contraloría. Afirmó que se necesitan mecanismos de control eficiente y concurrente que sean simultáneos a la ejecución de las obras.

Refirió que en el país hay hospitales parados, que son “elefantes blancos” producto de la corrupción e ineficiencia de sus autoridades, por lo que un control concurrente impedirá que se produzcan estos hechos.

“Necesitamos que el control sea concurrente, es una necesidad. No podemos seguir trabajando con un sistema que paraliza obras”, sostuvo.

A su turno, Edgar Reymundo Mercado (JP) sostuvo que es importante y necesario el control concurrente. No obstante, manifestó que el 2 % que se va asignar debe ser de carácter desvinculante.

“Es el 2 % del valor total de la inversión. No hay que duda de la idoneidad y capacidad técnica de la Contraloría, pero tiene que tener carácter desvinculante. Hay que atinar unos criterios técnicos al respecto”, mencionó.

A su vez, la legisladora Martha Moyano Delgado (FP) invocó a pasar del discurso a la acción, y aprobar la norma por insistencia a fin de que la institución cumpla su labor contratando a técnicos especializados para ejercer el control y fiscalización.

“No cualquiera puede fiscalizar la construcción de obra, tiene que ser un especialista y empezar a ejercerlo (…) Nuestro discurso está lleno constantemente de quejas, alusiones, denuncias constantes como si fuéramos un ciudadano más. Somos parlamentarios y cumplimos nuestra labor de fiscalizar y en este caso nos toca legislar y eso estamos haciéndolo”, subrayó.

Mientras que Elías Varas Meléndez (PL) manifestó que el 2 % del valor del total de una obra es demasiado, por lo que consideró que se debe asignar mayor presupuesto sin necesidad de sustraer de una obra, porque degenera todo el procedimiento.

“Si hace falta dinero, asignemos más presupuesto; pero que no sustraiga de las obras, es el 2 %; es decir, una obra de cien millones, son dos millones para la Contraloría bajo el pretexto de contratar mayor personal. Debemos hacer el esfuerzo en la comisión de asignar el presupuesto público que se necesita, pero no sustraer de la obra, porque esto se va a degenerar”, sostuvo.

REGLAJE A POLÍTICOS Y PERIODISTAS

En otro momento, la comisión escuchó la sustentación de Martha Cecilia Silvestre Casas, superintendente nacional de Migraciones, quien explicó sobre las denuncias de presuntos reglajes a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de esa entidad.

La congresista Susel Parede Piqué demandó una investigación exhaustiva a profundidad y que se castigue ejemplarmente a los responsables por tratarse de un tema de seguridad en la que está en juego la vida de muchas personas.

En el mismo sentido, Martha Moyano solicitó se informe el protocolo completo que ejerce Migraciones en el aeropuerto como cuántos son los que atienden en ventanilla, si actuaron solos o siguieron alguna directiva de un funcionario para el reglaje a políticos y periodistas.
Enrique Wong Pujada (PP) pidió se alcance los números de celular y los titulares de quien corresponde de los que formaban parte de este chat de WhatsApp.

Al respecto, la superintendente señaló que ya se ha dispuesto una investigación interna en el servicio de control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a fin de sancionar y separar de la entidad a las personas que han usado indebidamente la información que tienen acceso para el estricto desempeño de sus funciones.

Agregó que se han tomado medidas preventivas inmediatas, entre ellas la restricción de equipos de teléfono móvil en el proceso de control de migraciones y de la inmediata reestructuración y recomposición del servicio control migratorio.

“El lunes solicitamos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo que actúe en el marco de su competencia contando con la plena disposición de Migraciones para colaborar y proporcionar toda la información que sea necesaria para investigar y sancionar con todo el rigor”, sostuvo.

Informó, además, que se ha solicitado un informe detallado a la Dirección de Operaciones que tiene a su cargo el control migratorio del aeropuerto para que responda sobre los protocolos utilizados en la creación de grupos de WhatsApp, la base legal para la formación de estos, su objetivo y el tipo de información que se transmitía a través de este medio.

“Es un exceso el mal uso de datos personales a políticos y periodistas por parte de los trabajadores del organismo”, puntualizó.

PLAN DE TRABAJO

Previamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó, por mayoría, el Plan de Trabajo para la investigación de todos los hechos relacionados o ligados, directa e indirectamente a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia del DS 008-2020-SA hasta el 26 de julio de 2021 (Moción de Orden del Día 370).

También, se aprobó el Plan de Trabajo para investigar las razones por las cuales se ha paralizado la construcción de 3314 obras entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional (Moción de Orden del Día 448).

OFICINA DE COMUNICACIONES