La Comisión de Presupuesto y Cuenta general de la República, presidida por el congresista  José Luna Gálvez (PP) aprobó esta tarde, por unanimidad (19 votos), el dictamen que incorpora, previo concurso de méritos, al personal penitenciario de los Decretos Legislativos 276 y 1057, al Régimen Laboral de la Ley 29709 Ley de la carrera especial pública penitenciaria.

La propuesta legislativa se sustenta en los Proyectos de Ley 3434/2022-PE, 2477/2021 y 2185/2021.

Previamente, el grupo legislativo escuchó con atención la sustentación que, en reemplazo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, efectuó el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Omar Méndez Irigoyen.

El alto funcionario informó a los miembros de la comisión, que el costo de esta progresiva incorporación es de 127 millones 977 mil 573 soles, que se invertirán en un plazo máximo de cinco años, a razón de 1284 trabajadores cada año.

De este modo, en el año 2023, por ejemplo, para la incorporación de estos trabajadores se invertirán 25 millones 595 mil soles; y así sucesivamente, hasta incorporar 6 421 trabajadores.

De estos, en el régimen laboral 276 existen 2546 trabajadores y en el régimen CAS  3875.

Méndez Irigoyen detalló que existen en total 11,144 trabajadores encargados de atender los 68 establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, que alberga a más 90 mil presos, por lo que se hace necesaria la unificación de los regímenes laborales para un mejor desarrollo de sus labores.

Durante el debate, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) señaló estar de acuerdo con el dictamen porque el trabajo de un servidor penitenciario es de alto riesgo y en realidad los salarios que reciben son de espanto, por lo bajo que son.

El parlamentario Américo Gonza Castillo (PL) manifestó su concordancia por las mejoras sociolaborales de los hermanos servidores del Instituto Nacional Penitenciario.

Por su parte, José Arriola Tueros (AP) coincidió en que los trabajadores de este sector ganan una miseria y manifestó su conformidad, porque están de por medio los derechos humanos, y no se puede trabajar en zozobra.

A su vez Raúl Huamán Coronado (FP) indicó que si el ambiente laboral en el que se desempeñan estos servidores es calamitoso, se hace necesario motivarlos de alguna manera. Hay muchas cosas que hacer y no debemos olvidar el problema de los penales y de los internos, expresó.

NOMBRAMIENTO CAS

En su primer punto de la agenda, la ministra de Salud, Kelly Portalatino Ávalos, expuso su opinión favorable a los proyectos de ley que proponen autorizar el nombramiento del personal administrativo y asistencial del Ministerio de Salud, organismos públicos y gobiernos regionales contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS).

Los Proyectos de Ley son 2437/2021, 2482/2022, 2672/2021, 2750/2022, 2774/2022, 2778/2022, 2808/2022, 2935/2022, 2992/2022, 3015/2022, 3082/2022 y 3277/2022.

La titular del sector Salud expuso que las iniciativas merecen su respaldo y su opinión favorable; por ello, se propone autorizar el nombramiento, gradual y progresivo, del personal del Decreto Legislativo 1057 y 728 de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), identificados al 31 de julio de 2022.

Para empezar a hacer realidad esta propuesta, informó que en la fecha ingresó un artículo que valida la opinión favorable del sector e incorpora en el texto sustitutorio del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2023, donde se solicita el nombramiento de este personal.

Portalatino Ávalos mencionó que durante el año fiscal 2023 se nombraría el 10% del personal, y en los siguientes tres años, a razón de 30% cada año, se culminaría el nombramiento (100%) en el año 2026. Para financiar la presente medida durante el año fiscal 2023, se autorizará al Ministerio de Salud, con cargo a sus recursos, a realizar las modificaciones en favor de sus OP y GORES.

El total de trabajadores que se beneficiará con este nombramiento será de 53 262 profesionales técnicos y auxiliares asistenciales. Así también, para dicho nombramiento, expuso los requisitos para acceder al mismo.

El costo final estimado de la implementación de la medida asciende a 513 millones 425 mil soles, el mismo que incluye los costos diferenciales de monto único consolidado y bonificación extraordinario transitoria e incentivo único. El costo mensual estimado de implementación asciende a 45 millones 943 mil soles y se propone sean asumidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Participaron con sus opiniones los legisladores José Luna Gálvez (PP), Guido Bellido Ugarte (PL), Enrique Won Pujada (PP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Raúl Huamán Coronado (FP), Luis Aragón Carreño (AP), Elva Julón Irigoin (APP), Miguel Ciccia Vásquez (RP) e Hilda Portero López (AP).

También, Segundo Quiroz Barboza (BMCN), Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), Américo Gonza Castillo (PL), Alfredo Pariona Sinche (PL), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Margot Palacios Huamán (PL), Manuel García Correa (APP), Magaly Ruiz Rodríguez (APP) y José Arriola Tueros (AP).

OFICINA DE  COMUNICACIONES