La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el legislador José Luna Morales, aprobó por mayoría un dictamen con la finalidad de establecer nuevos mecanismos para la publicidad estatal en el país.

Se trata del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5911/2020-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 28874, Ley de Publicidad Estatal, que tiene como objetivo establecer mejores criterios de igualdad de oportunidades, tutelando los derechos de información y el derecho a la no discriminación en la publicidad y no permitir el abuso y prácticas monopólicas en relación con este caso.

La propuesta establece que las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados deberán tener en cuenta a aquellos que operan en el distrito, provincia, región con una programación local. Está prohibido excluir a los que operan al interior del país, cuando se adquieran los servicios de medios para campañas nacionales, sectoriales, orientadas a poblaciones de esas jurisdicciones o poblados.

También se contempla la creación de un registro de medios de comunicación a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que permita un ordenamiento administrativo para los fines de la presente ley, que también buscaría sincerar los precios reales que se vienen pagando por derecho a publicidad y que la información llegue a todos los peruanos, así como transparentar el acceso a la información.

El titular de ese grupo de trabajo, José Luna Morales, refirió que existe la necesidad de corregir el marco normativo respecto de la publicidad estatal en el país.

Consideró que es necesario modificar la Ley 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, la misma que en la mayoría de los casos el Estado invierte en publicidad estatal, dejando de lado a los medios locales al interior del país.

Al respecto, el congresista Rubén Ramos Zapana (UPP), señaló que es importante la regulación de este caso, para democratizar la publicidad del Estado.

“Vemos que los medios han sacado y han puesto un presidente de la república. Las circunstancias y la coyuntura exigen que se tome nota sobre este caso, para que no se repita”, consideró el legislador de UPP.

Rolando Campos Villalobos (AP) señaló la necesidad de aprobar dicho proyecto, toda vez que se requiere ordenar la publicidad de los medios en el país. A su vez, José Ancalle Gutiérrez (FA) refirió que el Gobierno gasta millones de soles en publicidad solo en medios de comunicación de la capital, en tanto en otros miles de pequeños medios no reciben nada.

Finalmente, los parlamentarios también coincidieron en señalar que el derecho a ser informado es parte del derecho a la expresión, el cual está debidamente tutelado por la Constitución, con la finalidad de que las personas también tengan acceso a informarse de la problemática nacional.

Labores de fiscalización

En la segunda parte de la reunión de trabajo se abordó la continuación de las labores fiscalizadoras en virtud de la Moción de Orden del Día 11072 sobre las actuales distorsiones en el mercado eléctrico peruano: el conflicto entre generadores y distribuidores y el impacto en la tarifa de los usuarios y de los pensionistas que participan de las utilidades de Electro Perú.

Al respecto, participaron de la reunión José Oporto Vargas, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien informó sobre las actuales distorsiones en el mercado eléctrico peruano, el conflicto entre generadores y distribuidores, y el impacto en la tarifa de los usuarios.

De igual forma, se presentó Mario Gonzales, apoderado Luz del Sur; Irwin Frisancho Triveño, representante de Kallpa Generación S.A., y Luis Haro Zavaleta, presidente del directorio de Electro Perú, quienes también dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre el costo de las tarifas y procesos legales a que habrían arribado entre generadores y distribuidores, entre otros temas.

PRENSA-CONGRESO