La Comisión de Constitución y Reglamentó aprobó, por mayoría, el dictamen que propone modificar el Reglamento del Congreso de la República para optimizar el procedimiento legislativo.

La sustentación del documento estuvo a cargo del congresista Luis Valdez Farías (APP), presidente de dicha comisión en la sesión virtual que se realizó el martes 20.

En el dictamen se recomienda la modificación de una decena de artículos del Reglamento del Congreso, principalmente vinculados al capítulo referido al procedimiento legislativo, y otros relacionados.

Las referidas modificaciones son expresas y muy puntuales en cada caso. Asimismo, no hay derogaciones planteadas, ya que se procura mantener la gran estructura del Reglamento del Congreso vigente.

Con respecto a la Junta de Portavoces (artículo 31-A) se plantea que proceda “la exoneración, previa presentación de escrito sustentado de la bancada solicitante y con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación.

Asimismo, se precisa que “esta regla no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas que propongan normas sobre materia tributaria o presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo 73 del Reglamento del Congreso”.

Con respecto a las sesiones (artículo 51) se incluye, de ser el caso, plenos temáticos sobre materias de especial pertinencia, los cuales deben cumplir con las mismas reglas aplicables a los plenos ordinarios.

También, se precisa que “por lo menos en una de las sesiones que realice al mes el Pleno, se destinarán hasta dos horas para la estación de preguntas a que se contrae el tercer párrafo del artículo 129 de la Constitución Política. No obstante, el Consejo Directivo puede acordar efectuar la estación de preguntas en una sesión plenaria especial”.

En cuanto a las reglas de debate (artículo 55) se considera que “el presidente de la comisión dictaminadora recibirá los aportes y sugerencias escritas y firmadas de los congresistas durante el debate, luego de lo cual, de ser el caso, presentará un texto sustitutorio debidamente sustentado, al que dará lectura antes de ser sometido a votación del Pleno”.

Con respecto a los dictámenes (artículo 70) se señala que “los autores de los proyectos son invitados a las sesiones cuando se traten sus proyectos”.

Asimismo, se propone que los dictámenes incluyan la exposición del problema que se pretende resolver, una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas, una sumilla de las opiniones técnicas que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las instituciones públicas y privadas, y la referencia al estudio de antecedentes legislativos.

Asimismo, deben contener el efecto de la propuesta sobre la legislación nacional, con precisión de las normas, cuya derogación o modificación se propone y la ponderación del análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluyendo los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, el impacto económico, cuando corresponda también el impacto presupuestal, la identificación de los sectores que se benefician o perjudican con la propuesta del dictamen; y, cuando corresponda, su impacto ambiental.

Con respecto a los informes (artículo 71) se plantea que “los informes de la Comisión de Constitución y Reglamento que se emitan absolviendo consultas sobre la interpretación del presente Reglamento tienen carácter vinculante si el Pleno los aprueba con más de la mitad del número legal de congresistas.”

En cuanto a las etapas del procedimiento legislativo (artículo 73), contempla que se exceptúe de estos los proyectos que hubieran sido expresamente exonerados del mismo por acuerdo de la Junta de Portavoces con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso y no se aplica iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas sobre materia tributaria o presupuestal.

También, se contempla que ninguna iniciativa puede ser exonerada de la aprobación por doble votación, salvo que se trate de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

En su intervención el congresista Lenin Bazán Villanueva (FA) consideró que debe eliminarse la doble votación porque –dijo– no se cumple y debería quedar en votación.

A su turno, el congresista Diethell Columbus (FP) indicó que el tema de la exoneración de dictamen preocupa mucho, porque se ha usado a granel, además agregó que en buena cuenta o es que no interese la opinión del órgano especializado en la materia o es que hay necesidad de saltarse la opinión técnica de la comisión especializada. “A mí me preocupa que se trate saltar a la Comisión de Constitución con garrocha”, dijo el legislador.

SUSTENTAN PROYECTOS DE LEY

En la sesión, la congresista Arlette Contreras Bautista (NoA) tuvo a su cargo la sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 6954/2020-CR, que propone modificar la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso de la República y amplía el periodo anual de sesiones.

Se propone que el Congreso de la República, elegido para completar el periodo parlamentario 2016-2021, desarrolle sus funciones en cuatro periodos ordinarios de sesiones.

Con ello la tercera legislatura que se inició el 1 de febrero de 2021 terminaría el 29 de abril de 2021 y el cuarto se iniciaría el 3 de mayo de 2021 y terminaría el 16 de julio 2021.

A su turno, la congresista Contreras explicó que se plantea ampliar y dividir esta última legislatura para que las propuestas pendientes no se manden al archivo y para sacar adelante sobre todo reformas constitucionales pendientes de segunda votación como la propuesta sobre el derecho al acceso a Internet.

Enseguida fue sustentado por el congresista Gino Costa Santolalla (PM) el Proyecto de Ley 5829/2020-CR, que propone modificar el numeral 5 del artículo 143 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, e incorpora el literal j) al artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF.

“Este es un proyecto que se propone darle a la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros el acceso directo al secreto bancario y a la reserva tributaria de los investigados por la UIF cuando esta recibe de los sujetos obligados a informarle a ella reportes de operaciones sospechosas que ameriten una investigación administrativa sobre posibles vulneraciones de las leyes contra el lavado de activos”, dijo el legislador al sustentar la razón de ser del proyecto.

Posteriormente, el congresista Luis Alberto Valdez Farías (APP) sustentó el Proyecto de Ley 7451/2020-CR, que propone la Ley de Reforma Constitucional que facilita al contralor general a solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental.

Expuso que la propuesta responde a la necesidad de contar con mecanismos para combatir la inconducta de los funcionarios públicos, y la corrupción.

Se propone modificar la Constitución y las leyes relacionadas para otorgar la facultad al contralor general a solicitar, de manera directa a la entidad competente, el levantamiento del secreto bancario, y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental que ejerce la Contraloría General de la República, para facilitar el acceso a información que permita alcanzar los resultados de las acciones de control con el fin de garantizar la reserva del contenido.

En otro momento, la congresista María Teresa Cabrera Vega (PP) sustentó el Proyecto de Ley 7375/2020-CR, que complementa las consecuencias de la declaratoria de vacancia del presidente de la República aprobada por el Congreso de la República.

En este caso el proyecto de ley propone que se pierda de manera automática toda la condecoración, dieta, bonificación y/o privilegio que le hubiera otorgado el Estado

Así también, el congresista Lenin Checco Chauca (FA) sustentó el Proyecto de Ley 6227/2020-CR, sobre la reforma constitucional que propone modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Perú para reconocer el derecho de la juventud al porcentaje mínimo de representación en los consejos regionales y consejos municipales.

Señaló que la propuesta permitirá fortalecer el Estado democrático de derecho, en el cual vivimos, ya que tenemos la obligación de fomentar la inclusión y participación de los jóvenes en la política por ser un derecho constitucional de igualdad.

Además de permitir el acceso a la participación política de la juventud, estableciéndose la cuota joven en los consejos municipales y consejos regionales, lo que tendrá un impacto en la gobernabilidad del país, por lo que urge habilitar que los jóvenes participen en cargos públicos para renovar el sistema político.

Finalmente, el congresista Alcides Rayme Marín (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley 6866-2020/CR de reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, que elimina excepciones a la irrenunciabilidad al mandato de las autoridades regionales y locales.

INHIBICIÓN

La Comisión de Constitución aprobó el dictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, que propone la Ley de reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos por no tener competencia por especialidad o materia, sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta.

Posteriormente, el congresista Carlos Almerí (PP) presentó una reconsideración que fue aprobada, con lo cual se elaborará un predictamen que será debatido y enriquecido, y de ser conveniente aprobarlo, dijo Valdez Farías.

Así también, por no tener competencia, se aprobó el dictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6855/2020-CP, que propone modificar el artículo primero de la Ley 23221, Ley de Colegiación de Periodistas.

Lima, 20 de abril de 2021

PRENSA-CONGRESO