La Comisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el diputado Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), aprobó con 11 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el informe que establece premisas y lineamientos para continuar con el trámite de 111 denuncias constitucionales provenientes del sistema unicameral.

Durante la sesión se informó que, al 25 de julio de 2026, quedaron pendientes de trámite 111 denuncias constitucionales. De acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, estas deben ser derivadas a la Cámara de Diputados, independientemente del estado en el que se encuentren, para que actúe conforme a sus competencias.

El informe situacional presentado ante la comisión precisa que 25 denuncias no cuentan con informe de calificación; 14 sí tienen dicho documento; 8 registran informes de calificación negativos que fueron elevados a la entonces Comisión Permanente; y nueve cuentan con informes positivos. Los demás expedientes se encuentran en distintas fases del procedimiento.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO DEL TRÁMITE

El Informe Incidental 001 plantea lineamientos para atender el vacío existente respecto de la transición de los expedientes del sistema unicameral al bicameral.

Según el análisis expuesto, de las 111 denuncias constitucionales pendientes, 81 deberían continuar su trámite en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, 24 quedarían bajo competencia de la Cámara de Diputados y seis deberían ser remitidas al Senado de la República, de acuerdo con el estado procedimental en el que se encuentra cada expediente.

Se explicó que el actual procedimiento de acusación constitucional comprende tres etapas: calificación, investigación e informe final. En consecuencia, los expedientes deberán continuar desde la instancia que corresponda, respetando las actuaciones realizadas durante el anterior periodo parlamentario.

Asimismo, se informó que en seis denuncias habría vencido la prerrogativa de cinco años desde el cese en el cargo del funcionario involucrado. Frente a estos casos, correspondería elaborar los respectivos informes de caducidad y elevarlos a la Presidencia de la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente.

El documento también contempla alternativas para los informes provenientes del anterior sistema, entre ellas la posibilidad de que determinados expedientes retornen a la comisión para la designación de un diputado delegado que evalúe lo actuado, respetando el procedimiento desarrollado y evitando retrotraer etapas ya concluidas.

DEBATE

Durante el debate, el diputado Ernesto Zunini Yerrén (JPP) planteó que el informe sea derivado a la Junta de Portavoces para su evaluación, al considerar que la disposición transitoria establece el traslado de los expedientes a la Cámara de Diputados, pero no desarrolla los lineamientos específicos que deberán aplicarse durante la transición. Sometida a votación, esta solicitud no fue aprobada.

Por su parte, el diputado Arturo Alegría García (FP) sostuvo que la Comisión de Acusaciones Constitucionales, por su especialidad, es la instancia llamada a evaluar y plantear el procedimiento aplicable a las denuncias pendientes. Señaló, además, que la decisión que corresponda deberá continuar su trámite ante las instancias competentes de la Cámara de Diputados.

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