La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside el legislador Daniel Oseda Yucra (Frepap), aprobó, el martes 3, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1182/2016-CR, 1878/2017-CR y 5075/2020-CR, que proponen la Ley que impide el ingreso al servicio público a los condenados por delito contra la administración pública o sanción de inhabilitación permanente.

La norma, que tendría un carácter de Ley Orgánica, tiene como objetivo establecer la inhabilitación permanente para funcionarios y servidores públicos que durante el ejercicio de sus funciones realicen actos que persiguen un fin prohibido por la ley o reglamento.

También se le dotará a la Contraloría General de la República, una herramienta legal que le permita ejercer de manera eficaz su facultad sancionadora en el marco de la emergencia COVID-19 a fin de resguardar los recursos y bienes del Estado, para su correcta administración.

La iniciativa también prevé los ámbitos de su aplicación y competencia, de las conductas infractoras, sanciones y una disposición transitoria para este caso.

En la segunda parte de la reunión, la Comisión de Trabajo también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 5045/2020-CR, que propone reconocer el derecho a la protección social como derecho fundamental, así como el acceso a prestaciones de salud, salud mental y enfermedades ocupacionales.

Sustentaciones

De igual otro lado, se sustentó el Proyecto de Ley 5419/2020-CR, de autoría del congresista Carlos Enrique Fernández Chacón, que propone la Ley que formaliza y protege la labor de los trabajadores de limpieza pública municipal, en sus diversos ámbitos laborales y económicos.

La congresista María Céspedes Cárdenas expuso el PL 6308/2020-CR, que propone la Ley que prohíbe la tercerización laboral de los servicios de los obreros municipales y declara de interés nacional y necesidad pública el servicio de limpieza pública en nuestro país.

PRENSA-CONGRESO