Con diez votos a favor y una abstención, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios públicos, que preside el congresista Idelso García Correa (APP), aprobó la propuesta que plantea, con texto sustitutorio, la Ley de inocuidad de los alimentos, para fortalecer el sistema de control y vigilancia sanitaria y garantizar el derecho a la protección de la salud y seguridad en el consumo de alimentos.

Para ese efecto, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9254/2024-CR, propone que las autoridades sanitarias, tales como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), así como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro del ámbito de su circunscripción territorial, sean responsables de la inocuidad de los alimentos.

Para ello, la iniciativa, dirigida a mejorar la capacitación de los agricultores en el uso de insumos químicos, busca también garantizar que las autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo una efectiva fiscalización.

La propuesta, de autoría del congresista Wilson Soto Palacios (AP), señala que SENASA, DIGESA y SANIPES, estarán a cargo del control y vigilancia del transporte de alimentos, así como la vigilancia de los establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de alimentos, con excepción de los establecimientos dedicados a su fraccionamiento y de los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de transporte.

Cuestión previa

De otro lado, la comisión aprobó por siete votos a favor y seis en contra, una cuestión previa, presentada por el congresista Jorge Morante Figari (SP), sobre el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 06448/2023-CR que propone, con texto sustitutorio, la ley de etiquetado y publicidad de huevos según su sistema de producción.

Morante Figari pidió que primero se escuche la opinión del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego (Midagri) y de SENASA, con lo que no estuvo de acuerdo la autora de la propuesta, congresista Sigrid Bazán Narro (BDP), porque ya se contaba con la opinión del sector.

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