En Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Aprueban insistir en autógrafa que establece disposiciones para erradicar discriminación en regímenes laborales

Centro de Noticias del Congreso

04 Feb 2021 | 10:23 h

Tras levantar las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Trabajo aprobó, por unanimidad con diez votos a favor (ocho titulares y dos accesitarios), el dictamen de insistencia a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, recaído en varios proyectos que establecen disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que realizó dicha comisión el martes 2, dirigidos por su presidente el congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap).

El Poder Ejecutivo presentó diez observaciones a la autógrafa de ley remitida entre ellas que “el Contrato CAS es temporal y durará mientras dura el tránsito a la Ley Servir” y “el acceso al servicio civil, en la administración pública, se efectúa necesariamente por concurso de mérito de conformidad con los principios de la meritocracia y capacidad de las personas”

Así también, observó que “corresponde a la autoridad nacional del Servicio Civil Servir, en su calidad de organismo técnico especializado, emitir las disposiciones para la gestión de los recursos humanos en el sector público que se requiera, además de la implementación de las medidas propuestas en la autógrafa, que producirá un costo considerable adicional al tesoro público”.

Sobre este último punto en la sustentación del respectivo dictamen por parte de secretaría técnica, se advierte que “ello no es cierto, ya que los puestos ocupados por los servidores están debidamente presupuestados, toda vez que el transito será progresivo respetando el presupuesto de la entidad”, se señala.

Durante el debate, el congresista Carlos Fernández Chacón (Frente Amplio) saludó que lo sustentado en el dictamen se ciña a desmontar que todos los argumentos del Poder Ejecutivo para no promulgar esta ley o no aceptarla como la aprobó el Congreso. “¡Es una falacia!”, dijo.

“Lo más grosero, los CAS no tienen nada de temporal. Si tiene una vigencia de más de una década. Hay sitios donde se está haciendo la renovación de los contratos CAS cada mes, se imaginan en qué tensión puede vivir un trabajador que está cobrando este mes y no sabe si el otro mes le van a renovar el contrato. Es una inestabilidad que lo destruye emocionalmente”, agregó el legislador al tiempo de advertir que “esto responde a una sistemática violación de los derechos de los trabajadores”.

PROYECTOS DE LEY
Previamente fue sustentado el Proyecto de Ley 5908/2020-CR, a cargo del congresista José Antonio Núñez Salas (PM), que propone la Ley que regula el teletrabajo en nuestro ordenamiento jurídico como una modalidad de trabajo aplicable en el sector privado y en circunstancias normales y excepcionales.

“La propuesta legislativa busca normar el teletrabajo que hoy en día es una realidad, no solo por la pandemia, es algo que va a quedarse en el tiempo, por lo tanto, es necesario regular las horas, límites y las condiciones laborales que se van a brindar en esta forma de trabajo”, dijo el legislador.

El proyecto de ley establece los conceptos de teletrabajo, trabajo presencial y trabajo ocasional. Por tanto, Núñez Salas explicó que el teletrabajo es una modalidad aplicable a los sectores público y privado que se realiza sin presencia física mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y análogos.

La proyectada norma propugna la igualdad de trato y no discriminación, es decir, que tienen los mismo derechos y obligaciones establecidos en los regímenes laborales de la actividad pública o privada. “Es voluntario y no afecta al vínculo laboral, categoría, remuneración y demás condiciones y beneficios laborales, puede ser permanente o sujeto a un plazo determinado”, dijo el legislador.

Además, resaltó que la empresa debe proveer las herramientas para que el trabajador pueda hacer teletrabajo por computadora y con los servicios de internet; además debe compensar los gastos que se realizan cuando se trabaja en la oficina como electricidad, agua, internet. “El empleador tiene que acordar con el empleador y compensar estos gastos”, subrayó.

Enseguida, hizo lo propio el congresista Luis Andrés Roel Alva (AP) al sustentar el Proyecto de Ley 5933/2020-CR, que propone la Ley que tiene como objeto expandir la protección contra el despido incausado o arbitrario que gozan las mujeres embarazadas o en periodo de descanso pre- y postnatal, así como durante el periodo de lactancia, tanto al periodo de prueba como al supuesto de trabajadores en tiempo parcial.

“Con la modificación lo que se busca es llenar un vacío legal y garantizar a un colectivo humano que no ha sido protegido por las leyes a las embarazadas y las que están en descanso pre- y postnatal. Es una forma de reivindicar los derechos laborales de un sector que está desprotegido”, dijo el legislador.

Finalmente, la congresista María Cristina Retamozo Lezama (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley 6711/2020-CR, que propone la Ley que refuerza la protección sociolaboral de los trabajadores que realizan teletrabajo, trabajo remoto o similares.

Dijo que la finalidad es implementar medidas a favor de los trabajadores que realizan teletrabajo o trabajo remoto en el sector público y privado. Considera que los trabajadores que estén al cuidado de la propuesta legislativa, ya que “tiene por objeto implementar medidas a favor de los trabajadores que realizan trabajo remoto o teletrabajo. Contempla que trabajadores que realicen esta modalidad y que de manera única o compartida estén al cuidado de hijos menores de doce (12) años, familiares con discapacidad, o adultos mayores con quien convivan y que requieren asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo”, detalló la legisladora.

Así también, el proyecto de ley regula la jornada de trabajo, el respeto a la privacidad, la entrega de equipos de comunicación, la remuneración y beneficios sociales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo remoto. Además, considera la creación de un registro nacional de empresas y trabajadores que realizan trabajo remoto.

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