La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), aprobó esta tarde, en su vigésima segunda sesión extraordinaria, y por mayoría, el dictamen de insistencia de la autógrafa de la Ley de Gestión Integral de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, y de la Declaración Jurada de Intereses.

Obtuvo 10 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

El dispositivo legal se sustenta en el dictamen que corresponde al Proyecto de Ley 4850/2022-CG. Fue aprobado en primera y segunda votación durante las sesiones plenarias del 30 de abril y 26 de mayo del presente año. El 15 de junio último fue observado por el Poder Ejecutivo.

El Ejecutivo considera que la propuesta legal afecta su potestad reglamentaria y, además, carece de justificación puesto que no se “desarrolla claramente el régimen de publicación de las declaraciones juradas ni precisa qué información contenida en dichas declaraciones tendrá carácter público y qué información estará sujeta a reserva o protección (…)”.

De acuerdo con Elvis Vergara Mendoza, las observaciones del Ejecutivo no resultan atendibles.

Uno, la autógrafa no atribuye a la Contraloría General de la República una potestad reglamentaria en general, ya que la Ley 31227 ya le otorgó la facultad de emitir las disposiciones necesarias para implementar el régimen de declaraciones juradas.

Dos, la autógrafa regula expresamente el régimen de publicidad y acceso a la información contenida en las declaraciones juradas, que garantiza un adecuado equilibrio entre el principio de transparencia y el derecho fundamental a la protección de datos personales.

La norma aprobada regula de manera integral la presentación, registro, supervisión y fiscalización de las declaraciones juradas de los funcionarios y servidores públicos, así como de todas aquellas personas que administran recursos del Estado o participan en la toma de decisiones que impactan en su patrimonio.

Además, fortalece la transparencia en la gestión pública, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos y reduce los riesgos de omisión o duplicidad en la información declarada

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