La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por el congresista José Arriola Tueros (bancada PP), aprobó por unanimidad dos importantes dictámenes orientados a fortalecer la protección de los derechos de escolares y de las personas con discapacidad auditiva en el país.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El primer dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 13076/2025-CR, promueve la interoperabilidad y la articulación interinstitucional para el seguimiento nutricional en el servicio de alimentación escolar, de autoría de la congresista Flor Pablo Medina (NoA).

La propuesta legislativa tiene como objetivo mejorar los indicadores de nutrición y reforzar la atención alimentaria de niños y adolescentes de educación básica regular. También establece un marco normativo para que los sectores de salud, educación y desarrollo e inclusión social articulen sus sistemas de información y seguimiento, permitiendo una supervisión más eficiente y personalizada de la alimentación escolar.

Entre las principales medidas aprobadas figura la interoperabilidad de las bases de datos del programa de alimentación escolar con el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de las Instituciones Educativas (SIAGIE) y con los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional del Ministerio de Salud.

Asimismo, se dispone que el Documento Nacional de Identidad (DNI) sea utilizado como identificador único obligatorio para realizar el seguimiento del estado nutricional y la entrega de raciones, permitiendo una trazabilidad individualizada de cada estudiante beneficiario.

El texto sustitutorio también impulsa la incorporación de productos provenientes de la agricultura familiar local dentro de los mecanismos de contratación del servicio alimentario, garantizando el cumplimiento de protocolos de calidad, inocuidad y vigilancia sanitaria en toda la cadena de suministro.

LENGUA DE SEÑAS

En la misma sesión, el grupo de trabajo aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14501/2025-CR, presentado por la congresista Maricarmen Alva Prieto, que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para garantizar el acceso idóneo, oportuno y efectivo a la información de las personas con discapacidad auditiva en los medios de comunicación.

La propuesta legislativa plantea a los medios de comunicación del Estado y privados a implementar mecanismos de accesibilidad como lengua de señas peruana, subtítulos ocultos, audiodescripción y otros sistemas de apoyo tecnológico en programas informativos, educativos, culturales y de interés público.

Asimismo, dispone que los noticieros, mensajes oficiales, comunicaciones de emergencia, debates electorales y programas de interés público cuenten de manera continua y sin discriminación de horarios con intérpretes de lengua de señas o subtitulado oculto.

El dictamen también establece criterios mínimos de accesibilidad para las transmisiones televisivas, como que el recuadro del intérprete ocupe no menos del 10 % de la pantalla y que los intérpretes cuenten con certificación oficial y registro en el CONADIS.

Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones será responsable de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y aplicar medidas correctivas inmediatas frente a incumplimientos que afecten el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva.

La comisión resaltó que esta iniciativa busca cerrar brechas históricas de exclusión y garantizar que miles de peruanos con discapacidad auditiva puedan acceder en igualdad de condiciones a información pública, mensajes oficiales y contenidos de interés nacional.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL