Con el respaldo mayoritario de sus integrantes, la Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó importantes iniciativas que fortalecen la atención integral y la protección de los derechos de adultos mayores, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y adolescentes, reafirmando su compromiso con una legislación inclusiva y con enfoque de derechos.

En primer lugar aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10546/2024-CR, que propone modificar la Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, con el objetivo de fortalecer el derecho a la salud y agilizar los procesos judiciales en los que participen personas adultas mayores.

Entre los principales cambios se sustituye el término «atención integral» por «cuidado integral» en los artículos 5 y 19, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud. Asimismo, se modifica el artículo 8 para establecer el deber del Estado de garantizar trato preferente y con enfoque de género en procesos judiciales, buscando reducir demoras que afectan gravemente los derechos de esta población.

También aprobó, por mayoría y con cargo a redacción, el dictamen recaído en los proyectos de ley 5524/2022-CR, 6395/2023-CR, 11338/2024-CR, entre otros, que con texto sustitutorio propone modificar la Ley 30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para fortalecer los derechos de las personas con TEA.

La propuesta legislativa establece un régimen legal que fomente la detección y el diagnóstico precoz en todas las etapas de la vida, la intervención temprana, la protección de la salud, la educación integral, la capacitación profesional y la inserción laboral y social de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), al amparo de lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política del Perú y de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Asimismo, aprobó -por mayoría (5 a favor y 2 en contra)- el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 8335/2023-CR, que propone la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para elevar de catorce a dieciséis años la edad mínima del consentimiento sexual.

La titular del grupo de trabajo Jesica Córdova Lobatón (RP) señaló en la sustentación que la propuesta tiene como objetivo brindar mayor protección a los adolescentes frente al abuso y la explotación sexual.

Indicó que, como resultado, la comisión aprobó un texto sustitutorio que modifica los artículos 173 y 175 del Código Penal, elevando la edad de consentimiento a 16 años e incorporando el aprovechamiento de relaciones asimétricas como violación mediante engaño. Además, se precisa que no serán penalizadas las relaciones consentidas entre adolescentes de 16 y menores de 18 años.

INSISTENCIA
Previamente, la Comisión de Salud aprobó insistir -por mayoría (11 a favor y una en contra)- el dictamen de insistencia de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La autógrafa recae en los proyectos de ley 2921/2022-CR, 5770/2023-CR, 6310/2023-CR y 7427/2023-CR a fin de promover una cultura de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

La titular del grupo señaló que dichas observaciones carecen de sustento jurídico al no haberse vulnerado el principio de separación de poderes ni excedido las competencias del Congreso

CUARTO INTERMEDIO
En otro momento, la Comisión de Mujer y Familia dejó en cuarto intermedio el dictamen recaído en los proyectos de ley 1980/2021-CR, 1999/2021-CR, 3322/2022-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 1411 que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, a fin de fortalecer la institucionalidad de dichas sociedad y garantizar su gestión eficiente.

Asimismo, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11028/2024-CR que propone modificar el artículo 8 de la Ley 30490, promoviendo la creación e implementación de casas hogar públicas para adultos mayores en situación de vulnerabilidad a nivel nacional.

GRUPO DE TRABAJO
Por último, la congresista Elizabeth Taipe Coronado (PL) sustentó su informe final referido a la “Evaluación de la problemática de los centros de acogida residencial (CAR) para niños y adolescentes y propuestas de iniciativas legislativas para su protección, formación e inserción en la sociedad”.

El informe destaca que en el Perú existen 248 centros de acogida residencial, de los cuales 88 son de gestión estatal y 160 son privados. Sin embargo, más del 40% de los centros estatales no están acreditados, lo que implica que no cumplen con los estándares mínimos para brindar un entorno adecuado y seguro.
Se señala además que más de 2,600 menores viven en centros sin acreditar, y que no existe un sistema de evaluación que permita asignarlos según sus necesidades específicas. Esta falta de enfoque diferenciado afecta gravemente su desarrollo emocional y psicológico.

Uno de los aspectos más críticos abordados en el informe es la situación del personal que trabaja en los CAR. Se identifican sobrecarga laboral, alta rotación, falta de formación especializada y casos de trato inadecuado, negligencia y hasta maltrato físico y verbal. Se resalta también la precariedad de las condiciones laborales de las madres cuidadoras, responsables del cuidado directo de los menores, quienes perciben bajos salarios, enfrentan jornadas extendidas y carecen de capacitación en temas clave como trauma infantil e intervención en crisis.

El informe concluye con un llamado urgente al ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que fortalezca la supervisión, el monitoreo y la atención integral en los CAR. “Estos niños y adolescentes necesitan cuidado permanente, y su protección debe ser una prioridad del Estado”, enfatizó la congresista Taipe Coronado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL