La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside la congresista Silvana Robles Araujo (bancada Socialista) aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1788/2024-CR y 11888/2024-CR, que promueve la protección y conservación de los glaciares del sector Curasma de la cordillera Huanzo, ubicados en la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

Fue durante la cuarta sesión extraordinaria descentralizada de la comisión, desarrollada en el Local Comunal Nuevo Pedregal, en Piura.

La iniciativa legislativa, de autoría de los congresistas Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) y Roberto Sánchez Palomino (bancada JPP-VP-BM), tiene como finalidad establecer medidas para la protección, conservación y gestión sostenible de estos ecosistemas estratégicos, fundamentales para la seguridad hídrica y la preservación ambiental de la región.

El dictamen dispone la suspensión de la admisión de petitorios mineros, el otorgamiento de concesiones mineras y la ejecución de actividades de exploración y explotación minera dentro del ámbito de los glaciares del sector Curasma.

Los glaciares cumplen una función esencial al almacenar agua dulce y regular el ciclo hidrológico, especialmente en épocas de sequía. Asimismo, contribuyen a la conservación de bofedales, lagunas y otras fuentes de agua que abastecen a comunidades campesinas y poblaciones rurales de la región.

La propuesta también declara de interés nacional la creación de una Reserva Hídrica destinada a proteger la biodiversidad y garantizar la conservación de las fuentes de agua que benefician a las comunidades campesinas y pueblos indígenas asentados en la zona de influencia.

COMUNIDADES EXIGEN SANEAMIENTO TERRITORIAL

Durante la sesión, representantes de organizaciones comunales y autoridades locales expusieron las principales problemáticas que enfrentan las comunidades campesinas de Piura.

El presidente de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, Lázaro Silva Tume, advirtió que la falta de seguridad jurídica sobre los territorios comunales y las dificultades para culminar los procesos de saneamiento físico-legal limitan el acceso de los productores a programas estatales, proyectos productivos y financiamiento rural.

Señaló que esta situación genera una contradicción entre las políticas de promoción de la productividad agropecuaria y la realidad que viven numerosas comunidades campesinas e indígenas, las cuales no pueden cumplir los requisitos exigidos debido a problemas históricos aún pendientes de solución.

Asimismo, alertó sobre la escasez de agua para el ganado y la insuficiente infraestructura hídrica, factores que ocasionan pérdidas económicas y afectan directamente a cientos de familias dedicadas a la actividad agropecuaria.

Por ello, solicitó priorizar el saneamiento físico-legal de los territorios comunales y adecuar las políticas públicas a las necesidades reales de las comunidades campesinas.

Por su parte, el alcalde distrital de El Tallán, Javier More Vilchez, destacó que, por primera vez, los pobladores de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos han sido considerados dentro de los procesos censales impulsados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La autoridad edil señaló que existen miles de hectáreas de tierras fértiles que actualmente permanecen improductivas debido a la falta de titulación y saneamiento legal. Explicó que la ausencia de formalización impide la ejecución de proyectos de irrigación, canales y reservorios que permitirían ampliar la frontera agrícola y mejorar las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, solicitó impulsar una iniciativa legislativa que declare de interés nacional la titulación de dichos terrenos, con el objetivo de facilitar futuras inversiones en infraestructura hídrica y aprovechar el potencial agrícola de la zona.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL