El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en PL 1196, que propone declarar de necesidad pública la expropiación y adquisición de los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los servicios de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales de las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huayucachi, Huancán, Huacrapuquio y Viques, provincia de Huancayo, región Junín”.

La propuesta fue exonerada del trámite de segunda votación, por lo quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Antes, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Acuña Peralta (APP), sustentó el dictamen correspondiente. Dijo que este busca la recolección y tratamiento de las aguas residuales en la provincia de Huancayo, así como el monitoreo y control de las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado.

Agregó que el proyecto comprende las siguientes obras: 35 kilómetros de colectores y líneas de impulsión, 8 estaciones de bombeo de aguas residuales y una planta de tratamiento de agua residuales.

“El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población de área de influencia del proyecto, la protección del río Mantaro, la disminución de las enfermedades en la población, la disminución de la contaminación de los pueblos receptores y suelos agrícolas y reducción de la contaminación del aire”, indicó la parlamentaria.

Agregó que entre los beneficios indirectos está la reducción de los gastos de atención en salud de la población, mejorar el medio ambiente, implementar la oportunidad para generar nuevas actividades creativas y turísticas, incremento de la competitividad de la ciudadanía y dinamizar la economía local con la construcción de las obras.

En tanto, el congresista Edgard Reymundo (CD-JP), representante de Junín, consideró importante atender el problema de las descargas de las aguas residuales que se expresa claramente en Huancayo, El Tambo y Chical que son distritos metropolitanos.

“El vertimiento de las aguas residuales sin tratamiento es la principal causa de contaminación de la calidad del agua de la cuenca del río Mantaro. Por eso, es necesario contar con una planta de tratamiento de aguas residuales que ayudaría a mejorar la protección de la salud pública y el medio ambiente”, manifestó el congresista.

Seguidamente la congresista Patricia Juárez (FP) propuso la incorporación de una disposición complementaria final única, sobre la naturaleza y garantía del proyecto, con el siguiente texto:
“El proyecto materia de ley se tramita como una iniciativa privada cofinanciada, en el marco de lo dispuesto 45.6 del artículo 45 del Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos; donde el contenido de las iniciativas privadas cofinanciadas del proponente tiene el carácter confidencial y reservado, bajo responsabilidad; asimismo, el Estado será responsable de proveer los predios debidamente saneados, para lo cual garantiza el pago del justiprecio”.

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