La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña Peralta (APP), aprobó, por mayoría, admitir a trámite la Denuncia Constitucional 468 e iniciar investigación contra la excongresista y exministra de Estado Betssy Chávez Chino, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado, tipificado en el artículo 401 del Código Penal.

De acuerdo con el informe de calificación de la citada denuncia, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, a Chávez Chino se le acusa de haber adquirido un inmueble en la ciudad de Tacna por la suma de 136,500 soles, pagado al contado con un dinero, si bien bancarizado, de origen desconocido.

La denuncia, se sustentó, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones.

IMPROCEDENTES
De otro lado, en la misma sesión, la subcomisión aprobó cuatro informes de calificación que declara improcedentes igual número de denuncias constitucionales.

El primero, aprobado por unanimidad (18 votos), analizó la Denuncia Constitucional 279, formulada contra los jueces supremos César San Martín Castro, Iván Sequeiros Vargas, Ramiro Bermejo Ríos, Erasmo Coáguila Chávez y Sonia Torres Muñoz, por la presunta infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, detención ilegal o arbitraria y falsedad genérica.

El segundo, aprobado por mayoría (15 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención), abordó la Denuncia Constitucional 283, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Aldo Vásquez Ríos, Imelda Tumialán Pinto, Henry Ávila Herrera, Antonio de La Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán, por presunta infracción constitucional.

El tercero, aprobado por mayoría (16 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones), corresponde a la Denuncia Constitucional 410, contra la exmiembro de la Junta Nacional de Justicia Imelda Tumialán Pinto por presunta infracción constitucional y por presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

El cuarto, aprobado por mayoría (14 votos a favor, cero votos en contra y 3 abstenciones), analizó la Denuncia Constitucional 513, formulada contra los fiscales supremos Miguel Ángel Vegas Vaccaro y Pablo Sánchez Velarde por presunta infracción constitucional.

Ninguna de las citadas denuncias constitucionales cumplió con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en el literal c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL