La Comisión Permanente aprobó con quince votos a favor, siete en contra y una abstención, el informe final que propone inhabilitar por cinco años al exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por infracción a la Constitución y recomendó acusarlo por los delitos de aceptación indebida de cargo público y falsedad genérica.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP) en el fundamento del informe final de la Denuncia Constitucional N° 1, señaló que el 26 de julio del 2021, el acusado, en ese momento  fiscal provincial, solicitó licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares.

Camones Soriano indicó que el denunciante señaló, que Carrasco Millones, asumió la cartera del Interior el 28 de julio de ese año, sin considerar que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada y que la licencia no lo desvincula de la función fiscal, por lo que habría incurrido en el ilícito penal de aceptación ilegal de cargo público, contemplado en el Código Penal peruano.

Refirió que la denuncia, formulada por el ciudadano Rubén Eduardo Fernández Morales, fue hecha suya por los congresistas de la bancada de Renovación Popular,  Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga, Jorge Carlos Montoya Manrique y José Ernesto Cueto Aservi,

Por su lado, la congresista delegada para la investigación de la denuncia, Carmen Patricia Juárez Gallegos (FP) indicó que la condición de Fiscal Titular, parte del Ministerio Público, quedó concluida para todos los efectos el 2 de agosto de 2021, es decir cuando ya el denunciado ejercía el cargo de Ministro de Estado.

Sostuvo que la inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública, se basa en que los hechos son graves. “Está demostrado que se han vulnerado varios artículos de la Constitución Política, al haber ejercido simultáneamente el cargo de Fiscal Provincial y el de  ministro de Estado, así como haber participado en política”, anotó.

Durante la sesión, fue nombrada la subcomisión acusadora, que estará integrada, a propuesta de Camones Soriano, por Juárez Gallegos y ella, para sustentar  la acusación ante el Pleno.

A la sesión concurrió el acusado, Carrasco Millones, acompañado de su abogado, Jorge Zúñiga Escalante, para ejercer su derecho a la defensa frente a una sanción que calificó de desproporcionada.

Carrasco Millones refirió su labor en la lucha contra la corrupción durante 18 años en la administración pública, y no haber tenido ningún proceso penal y trayectoria intachable.

Sostuvo que pidió licencia sin goce de haber para un cargo “espectaticio”, pues no había seguridad de que fuera nombrado ministro; y que las únicas personas que son inhabilitadas, son las que cometen actos de corrupción de funcionarios y que él no ha cometido.

LEÓN ROMERO

De otro lado, ante un pedido de la defensa de la excongresista Luciana León Romero,  Fernando Silva La Rosa; el presidente de la Comisión Permanente, José Williams Zapata, optó por reprogramar el caso para el próximo viernes a las 11:00 horas, con la finalidad de atender el pedido de tiempo para la preparación en la defensa.

Al pedido se había sumado Camones Soriano, por única vez, para que la defensa no considere que no se esté atendiendo su solicitud y afectando a su derecho a la defensa.

León Romero es acusada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por la probable comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio, y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado.

MINISTERIO PÚBLICO

Finalmente, Camones Soriano, informó del oficio presentado por la Fiscalía de la Nación, referido al caso de golpe de Estado que tiene como denunciados a la congresista Betssy Chávez Chino (PD) en su condición de expresidenta del Gabinete Ministerial, del congresista Roberto Sánchez Palomino (CD) en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo; y al extitular del Interior Willy Huerta Olivas.

En el documento se señala que el Ministerio Público, hace conocer los argumentos jurisprudenciales para la adopción de medidas de aseguramiento de altos funcionarios en procedimientos parlamentarios de denuncias constitucionales. En ese sentido, que está derogada la ley, que prohibía imponer medidas limitativas de derechos a los congresistas, por ser opuesta al Código Penal.

La congresista Rosselli Amuruz, de Avanza País, refirió que su colega de bancada Patricia Chirinos Venegas, ha pedido que se solicite a la Corte Suprema, se imponga medidas de restricción correspondientes para evitar  la fuga de la congresista  Betssy Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros.

OFICINA DE COMUNICACIONES