Por unanimidad, con 14 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final respecto de la Denuncia Constitucional 090 (ex 439) que recomienda acusar -por antejuicio político- al ex presidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal.

Así también concluye en acusar a las exministras, de Salud, Pilar Mazzetti Soler y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

En otro extremo de la denuncia se recomienda archivar los cargos por antejuicio político respecto al expresidente Vizcarra por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal y respecto del denunciado Mario López Chávarry, exministro de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión del delito de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

A ese acuerdo se llegó en la sesión que realizó la subcomisión dirigida por su presidenta la congresista Rosio Torres Salinas (APP), respecto de la denuncia que fue interpuesta por los excongresistas Lusmila Pérez Espíritu, Luis Castillo Oliva, Roberto Chavarría Vilcatoma, Absalón Montoya Guivin, Mariano Yupanqui Miñano y Rubén Ramos Zapana.

“Se tiene la certeza que Vizcarra Cornejo obtuvo una ventaja o beneficio al vacunarse ya que el expresidente solicitó vacunarse, así como a su esposa y hermano, sin formar parte del ensayo clínico”, dijo la congresista María Taype Coronado (PL) en tanto agregó, por el otro extremo de la denuncia, “no se tiene certeza, puesto que el declarar ante los medios de comunicación no constituye en un procedimiento administrativo, ni contiene carácter controvertido por lo que no constituye en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo”, anotó.

INFORME WALTER AYALA

Posteriormente, por unanimidad, con 26 votos a favor fue aprobado el informe final de la denuncia constitucional 201 que recomienda acusar al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, por los delitos de coacción y patrocinio ilegal y remitirlo a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las investigaciones del caso en torno a ascensos y pases a retiro de oficiales de la Policía Nacional.

En otro extremo de la misma acusación se recomienda archivar la denuncia constitucional por infracción del artículo 39 de la Constitución Política

“Se imputa al denunciado Walter Edison Ayala Gonzales que en su calidad de ministro de Estado en el sector defensa habría solicitado al comandante general José Alberto Vizcarra Álvarez ascender irregularmente a dos oficiales coroneles que se encontraban postulando al grado inmediato superior. Además, se le atribuye al denunciado haber patrocinado intereses de particulares”, dijo el congresista delegado para dicha denuncia, José Jerí Oré.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara improcedente y el envío al archivo de la Denuncia Constitucional 127 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el excongresista Kenji Fujimori Higuchi; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza Ramírez y el exministro de Salud, Fernando Antonio D’Alessio Ipinza por la presunta comisión de delitos.

El acuerdo se logró con 10 votos a favor, 1 abstención y 5 en contra.

De igual manera sancionó el informe de calificación que declara improcedente y el envío al archivo de las Denuncias Constitucionales 079 y 085 (ex 421 y 432), formuladas por el ciudadano Javier Ildefonso Adrianzén Carreño contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Henry José Ávila Herrera, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Imelda Julia Tumialán Pinto, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán, por la presunta comisión del delito de omisión de funciones, previsto en el artículo 377 del Código Penal. El acuerdo fue con 15 votos a favor y uno en contra.

En otro momento, aprobó con 15 votos a favor y uno en contra el Informe de inadmisibilidad de la Denuncia Constitucional 020 (ex 316), formulada por la ciudadana Mónica Yanet Ríos Torres, en su calidad de Decana Nacional del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa Huertas, por presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, usurpación de función pública, falsedad genérica y usurpación de bien inmueble, tipificado en
los artículos 399, 400, 361, 438 y 202 del Código Penal, respectivamente.

Con 15 votos a favor fue aprobado el informe de caducidad de la denuncia constitucional 168 (ex 103), formulada por el excongresista Mauricio Mulder contra el excongresista Juan Pari Choquecota, expresidente de la Comisión Investigadora encargada de investigar las coimas Pagadas a funcionarios peruanos por las empresas brasileñas, por presunta infracción a la Constitución, al no poner en conocimiento de los miembros de la Comisión Investigadora información que le llegaba en su condición de presidente.

DELEGACIÓN DE DENUNCIAS

Se delegó al congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JP) la Denuncia Constitucional 268 y 269 (acumuladas) contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377 y 399 del Código Penal, respectivamente.

Así también fue delegada en la congresista Martha Moyano (FP) la Denuncia Constitucional 074 (ex 415) contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, por presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución Política del Perú, y la probable comisión de los delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad, previstos en los artículos 377 y 368 del Código Penal, respectivamente.

Finalmente, fue delegada al congresista Hernando Guerra-García (FP) la Denuncia Constitucional 240 contra la excongresista Luciana León Romero, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, organización criminal y peculado doloso por apropiación, tipificado en el Código Penal.

OFICINA DE COMUNICACIONES