La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy el informe final de la Denuncia Constitucional 528, que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública, al exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.

Fue durante la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones Soriano (bancada APP). La Denuncia Constitucional fue planteada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro (bancada FP), José Cueto Aservi (bancada HyD) y Alfredo Azurín Loayza (bancada SP).

Obtuvo 9 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

El informe, cuyo ponente delegado fue el congresista Jorge Montoya Manrique (bancada HyD), recomienda también acusar a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones.

A los magistrados citados se les acusa de haber emitido la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre del 2024, mediante la cual se aprobó un reglamento que incurrió en las siguientes trasgresiones:

Violación de la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales; y, por consecuencia, haber incurrido en usurpación de funciones policiales.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

Enseguida, la SAC aprobó dos informes de calificación.

El primer informe admite a trámite, por procedente, la Denuncia Constitucional 645. Fue aprobado por mayoría: 9 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones.

La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y los exministros de Estado José Gavidia Arrascue y Dimitri Senmache Artola, por la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La acusación se basa en la designación irregular de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Giles Ferrer como vocales del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial. Se alega que se realizó sin la debida evaluación de méritos y sin la propuesta previa del fuero Policial Militar.

En segundo término se aprobó el informe que propone declarar improcedente la Denuncia Constitucional 623. Fue por mayoría: 9 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención.

La denuncia fue formulada contra los congresistas Martha Moyano Delgado (bancada FP), Héctor Ventura Ángel (bancada FP), Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (bancada RP), María Acuña Peralta (bancada APP), Víctor Flores Ruíz (bancada FP), Segundo Quiroz Barboza (bancada APP), Esdras Medina Minaya (bancada RP), Nilza Chacón Trujillo (bancada FP), Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), Jorge Montoya Manrique (bancada HyD) y José Jerí Oré (bancada SP).

Por la presunta infracción a los artículos 99, 100 y 139 de la Constitución y la posible comisión de los delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia; tipificados en los artículos 404 y 409 del Código Penal.

La denuncia se basa en que el 18 de julio de 2025, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los congresistas mencionados votaron por el archivamiento de las DC 509 y 585.

La primera contra Dina Boluarte y sus ministros, por homicidio calificado y lesiones graves acaecidos durante las acciones represivas entre los días 11 de diciembre de 2022 y 30 de marzo de 2023; la segunda por haber votado la vacancia de Pedro Castillo Terrones.

DELEGACIÓN

Como último punto de agenda, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó al congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP) la Denuncia Constitucional 331, contra el exministro de Economía Pedro Francke Ballvé y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez Chuquilín.

La denunciante es la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (bancada RP). El motivo: la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 126 de la Constitución, y la posible comisión del delito de patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL