La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña Peralta (APP), aprobó, por mayoría (14 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención), acusar constitucionalmente al exministro de la Producción Jorge Prado Palomino como presunto instigador del delito de negociación incompatible, de acuerdo con el artículo 399 del Código Penal.

Se trata de la Denuncia Constitucional 442, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, y cuyo ponente delegado fue el congresista José Jerí Oré (SP).

A Prado Palomino se le acusa de haber permitido la contratación de su sobrino, Edwin Chávez Prado, en el Ministerio de la Producción.

El informe final recomienda acusar al exministro por el mencionado delito, y remitir el caso a la fiscalía para que continúe con las investigaciones.

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Previamente, la Subcomisión aprobó por mayoría (11 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones) el informe final de la Denuncia Constitucional 276 que recomienda el archivamiento de la misma ya que no existe mérito para formular acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

La denunciante fue la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), y el denunciado el exministro del Interior, Dimitri Senmache Artola. La denuncia: supuestamente haber sido responsable político y operativo de la fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, implicado en actos de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Además, la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional 108 (antes 461), contra el exministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, por la presunta infracción constitucional de los artículos 9 y 38 de la Constitución Política del Perú, fue reprogramada para una próxima sesión, a solicitud de la delegada ponente: María Jáuregui Martínez de Aguayo (RP).

INFORMES DE CALIFICACIÓN

Seguidamente, los miembros de la Subcomisión aprobaron seis informes de calificación.

Uno, la Denuncia Constitucional 080 (antes 425), interpuesta por el excongresista José Vega Antonio, contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, y la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler, por presunta infracción de los artículos 7, 9, 38, 39, 44, 55, 118 inciso 1 de la Constitución.

Informe declaró improcedente la denuncia. Fue aprobado por unanimidad: 17 votos.

Dos, la Denuncia Constitucional 110 (antes 463) interpuesta por el excongresista César Gonzales Tuanama, contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción de los artículos 93, 158, 159.1 y 201 de la Constitución, y la posible comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Se acusa al exfiscal de la nación de haber tratado de impedir, bajo amenaza, que los congresistas, en el periodo complementario 2020-2021, continúen con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Informe recomienda admitir a trámite, por procedente, la denuncia. Aprobado por mayoría: 16 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

Tres, la Denuncia Constitucional 381, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), contra los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia: Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán e Inés Tello Valcárcel de Ñeco, por presunta infracción de los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución; así como la posible comisión de los delitos de patrocinio ilegal tipificado en el artículo 385 el Código Penal.

Se les acusa de haber emitido dos comunicados en el que pretendieron influir en la decisión de los congresistas respecto de un proceso de acusación contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Informe recomienda admitir a trámite la denuncia por procedente. Aprobado por unanimidad: 17 votos.

El informe declaró improcedente en el extremo de la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo.

Cuatro, la Denuncia Constitucional 386, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia: Imelda Tumialán Pinto, Antonio de La Haza Barrantes y María Zavala Valladares; por la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (no cumple) y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 376, 385, 399 y 400 del Código Penal.

Se les acusa haber ejercido presión sobre los miembros de la corte suprema para que emitan un pronunciamiento de apoyo sobre la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera. Informe recomienda admitir a trámite, por procedente, la denuncia, en todos sus extremos, menos en el de negociación incompatible. Aprobado por unanimidad: 16 votos.

Cinco, la Denuncia Constitucional 496, interpuesta por Rudencindo Vega, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra y la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuellar Lubienska, por la presunta infracción de los artículos 2, (incisos 3, 4, 13, 15 y 17), 22, 23, 27, 139 (incisos 3, 14, 38, 39, 45 y 90) de la Constitución, y la posible comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376-A del Código Penal.

Vega las cusa de haber, supuestamente, presionado para removerlo de su cargo en el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer). Informe recomienda declarar improcedente la denuncia y el archivamiento respectivo. Aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

Seis, la Denuncia Constitucional 497, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), contra el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, por la presunta infracción a los artículos 39 y 159 de la Constitución, y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, patrocinio ilegal y prevaricato, tipificados en los artículos 376, 377, 385 y 418 del Código Penal.

Se acusa al exfiscal de la Nación de haber archivado una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y dos ministros de Estado, por no haber realizado una compra oportuna en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Informe recomienda declarar improcedente la denuncia. Aprobado por mayoría: 14 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL