La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar al exjefe de Estado Francisco Sagasti Hochhausler por presunta infracción constitucional y presunta comisión de abuso de autoridad, el cual propone inhabilitarlo para la función pública por diez años, de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Magna.

La presunta infracción constitucional es por los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, que está tipificada en el artículo 376 del Código Penal. Este obtuvo 18 votos favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones; en tanto, la propuesta de inhabilitación obtuvo 22 votos favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

A Sagasti Hochhausler se le acusa de haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Las recomendaciones y la propuesta de inhabilitación se encuentran en el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369, que fueran formuladas por los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD), el ciudadano Orlando Velasco Mujica y otros.

OTRO ACUSADO

El mismo informe final recomienda también acusar a José Elice Navarro, en su condición de exministro del Interior, por la misma presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, además de la propuesta de inhabilitación.

Se le acusa de refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, contra las arbitrarias e ilegales resoluciones supremas que disponen el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional.

La acusación obtuvo 21 votos favor, 3 votos en contra y 1 abstención; y la propuesta de inhabilitación obtuvo 19 votos favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

Respecto al delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal el informe propone levantar el fuero a los denunciados para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. Obtuvo 18 votos favor, 3 votos en contra y 1 abstención.

Patricia Juárez Gallegos informó a los miembros de la Comisión permanente que el procedimiento de acusación constitucional finalizará luego de la presentación del exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, reprogramada por única vez a su solicitud.

Luego, en aplicación del inciso g del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente aprobó por mayoría (21 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) la propuesta de conformación de la Subcomisión Acusadora, integrada por la titular de la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales María Acuña Peralta y Jorge Montoya Manrique (HyD).

DESCARGOS Y DEBATE

El expresidente Francisco Sagasti Hochhausler Sagasti manifestó que la decisión de pasar al retiro al conjunto de oficiales de la policía estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento.

Su abogado Carlos Rivera Paz sostuvo que “hay una imputación y una acusación dispersa que no les permite entender cuál es el hecho concreto sobre el cual, en términos constitucionales, se pretende generar una inhabilitación”.

Es más, dijo, el presidente Sagasti al emitir las resoluciones supremas el 24 de noviembre del 2020, no ha incurrido, definitivamente, en ningún tipo de violación de los artículos constitucionales mencionados en el informe final emitido.

José Ugaz Sánchez-Moreno señaló que “el Estado de derecho exige un respeto por las leyes y este informe claramente no lo hace, y dijo, además, este es un juicio que confiere al imperio de la ley, y rechaza tajantemente la venganza de corte político ideológicas que nos parece que son el sustento que está detrás de este informe”.

Por su parte, José Elice Navarro dijo no entender por qué está incluido en esta acusación si en la fecha no era ministro del Interior, y calificó que estaba ante un proceso de juicio político, “cargado de más elementos políticos que jurídicos, porque la intención, sin duda, es evitar que en el escenario político actual, y en el ejercicio de sus derechos de participación política, algunas personas que pueden ser incómodas puedan postular a cargos de elección popular”

Participaron en el debate los congresistas José Cueto Aservi (HyD), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Ruth Luque Ibarra (BDP), Flor Pablo Medina (NoA), Rosangella Barbarán Reyes (FP) y Alejandro Muñante Barrios (RP).